CUITLATLÁN
FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
Una auténtica caja de Pandora se podría abrir en el clero católico de Tehuacán con el caso del asesinato del joven Daniel López, ocurrido la semana pasada, no solamente porque se está investigando al sacerdote Raymundo Hernández Gálvez –quien es líder de un importante movimiento carismático– como posible autor intelectual del homicidio, sino porque podría brotar un nuevo escándalo de pederastia, y este escándalo se sumaría al todavía existente asunto del cura Nicolás Aguilar, quien tiene en su haber 120 denuncias de violación de menores de edad.
Los actores de este caso son de suma relevancia: por un lado está el cura Raymundo Hernández Gálvez, quien es el líder del Movimiento de Renovación Cristiana, que aglutina a mucha gente de Tehuacán, además de que genera altos ingresos económicos al clero de esa diócesis.
Por otro lado, Daniel López, el joven que apareció ahorcado con un cable y tenía una carta con la que supuestamente pretendía extorsionar al clérigo Hernández Gálvez revelando su homosexualidad, ha trascendido que se dedicaba a promocionar el sexoservicio de muchachos, cuyas edades oscilaban de los 14 a los 17 años de edad.
Más allá de conocerse los datos de los involucrados es fundamental plantearse las siguientes interrogantes:
¿La Procuraduría General de Justicia (PGJ) está dispuesta, en esta ocasión, a tocar a la iglesia católica e investigar hasta sus últimas consecuencias al sacerdote Raymundo Hernández?
¿O nuevamente va a actuar como en el caso de Nicolás Aguilar, en el que la PGJ, pese a todas las presiones que ha habido en su contra, no ha hecho nada para aprehenderlo aun cuando es acusado de haber violado decenas de infantes en Estados Unidos y en la región de Tehuacán?
¿Está dispuesto el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra a intentar avanzar en las investigaciones en el último mes y medio que le queda en el cargo o aventará esta “papa caliente” al nuevo gobierno?
Para nadie es un secreto que la iglesia católica goza de plena impunidad y que alguien que ha permitido esa condición es el actual procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia, quien es un hombre con una larga trayectoria en altos cargos de la PGJ y no ha hecho nada para aprehender a Nicolás Aguilar.
En 2007 la periodista Sanjuana Martínez, quien es autora del libro Manto púrpura. Pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera”, se presentó ante la PGJ y encaró a Rodolfo Igor Archundia, quien era subprocurador de Averiguaciones Previas, y al preguntarle por qué la Procuraduría no había podido detener a Nicolás Aguilar el funcionario respondió que no tenían suficiente información para dar con el paradero del cura.
Sanjuana Martínez le reprochó que desde la década de los años 80 ya se conocían los abusos de Aguilar, y que ella en su libro aportaba una larga lista de datos del clérigo, por lo que era inaceptable que la PGJ argumentara no saber nada del cura pederasta.
Tenía razón, después de esa entrevista, Nicolás Aguilar fue visto en diferentes comunidades del valle de Tehuacán y en Izúcar de Matamoros, pero la PGJ es la fecha que no sabe cómo encontrarlo o de plano no quiere localizarlo.
Ahora podría haber una historia similar a la Nicolás Aguilar, ya que el lunes de la semana pasada apareció muerto el joven Daniel López, ahorcado con un cable y envuelto en una cobija. En el cuerpo de la víctima se encontró una carta en la que al parecer le pedía una fuerte suma de dinero al sacerdote Raymundo Hernández a cambio de no revelar que ambos tenían relaciones sexuales.
Al día siguiente, el clérigo todavía ofició una misa y el miércoles desapareció, pese a que fuentes de la PGJ, en Tehuacán, ya habían comentado a reporteros locales que el religioso estaba siendo investigado.
En la edición de este día, la colega Elizabeth Rodríguez presenta una nota en la cual el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar, sostiene que el cura está en Oaxaca, que fue a visitar a un pariente y allá se accidentó. Dijo que ya habló con él, pero que no le preguntó si conocía al joven asesinado. ¿Es creíble esa versión?
¿Cómo se puede ir de Tehuacán el principal sospechoso del caso?; ¿qué no tiene autoridad el obispo para retener al sacerdote involucrado y exigirle que no salga de la ciudad hasta que se aclare el asesinato?, ¿o bien, no puede obligar el prelado a su súbdito que regrese a dar a la cara?
Esa ausencia de Raymundo Hernández huele a que el clérigo ya está huyendo y que nadie hizo algo para evitar que abandonara la ciudad de Tehuacán.
Ayer trascendió que la averiguación previa del caso se retiró de Tehuacán y fue enviada a las oficinas centrales de la PGJ.
No se sabe si ese movimiento obedece a la intención de la PGJ de agilizar las investigaciones o si es la antesala para que se dé carpetazo a este asunto.
Si nos atenemos a la protección oficial que los curas católicos casi siempre reciben cuando cometen algún ilícito, se puede empezar a sospechar que este asunto no va avanzar y se quedará impune. Ojalá que no ocurra así por el bien de Puebla y el Estado de Derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario