HACE unos días, el gobierno conservador de Irlanda -y destaco lo de conservador por el detalle en cuestión- que preside Enda Kenny, aprobó por unanimidad -y destaco lo de unanimidad por su importancia cualitativa- denunciar al Estado Vaticano por encubrir los abusos sexuales del clero católico irlandés, un delito tan frecuente como habitual en el gremio de las sotanas, extrapolable al resto de países y continentes en donde la institución eclesial está presente.
Los medios de comunicación ofrecieron la imagen del primer ministro irlandés llamado Enda -que algunos podían confundir de género- haciendo pública la acusación de que la jerarquía católica de su país estaba impidiendo y obstaculizando las denuncias a la policía de sacerdotes abusadores y pederastas. Y que pese al reciente compromiso de Santa Sede para esclarecer cualquier sospecha de abuso sexual, a la hora de la verdad, los casos de pederastia siguen permaneciendo ocultos y protegidos por la ley de silencio que impone la institución religiosa.
Decía yo, que lo de Irlanda es extrapolable al resto de países con presencia eclesial, sin que el delito en cuestión sea patrimonio de la Iglesia Católica. Sin embargo, es ésta, la que con sus acuerdos bilaterales -sobre todo con países de fuerte raigambre Católica- permite que sea compatible el Derecho Canónico con los derechos civiles. Lo cual -si me lo permiten- no deja de crear confusión de jurisdicción. Pongamos como ejemplo un tribunal castrense que, por encima del civil, juzga a un militar. El Derecho Canónico vigente sigue señalando como máximo responsable de los actos de un religioso a sus autoridades eclesiásticas superiores. De esta forma, mientras no haya una acusación civil, la protección del acusado siempre estará garantizada.
Nuestro país es modelo de este tipo de conducta eclesial. Los casos de silencio institucional y de protección de sacerdotes pederastas son incalculables. En la actualidad siguen existiendo diócesis españolas que religiosamente pagan cada mes a padres de familia su silencio. Siguen existiendo obispos y provinciales de órdenes y congregaciones religiosas, que solucionan el mal cambiando de destino a sus religiosos. Se siguen escuchando silencios que reclaman a gritos la voz de los inocentes. Así que, mientras la institución y el derecho particular permitan proteger, silenciar y ocultar este tipo de abusos, el mal seguirá vivo y los curas pederastas seguirán abusando de todos los niños que tengan a su alcance.
