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Me han puesto una denuncia en Madrid en la calle Miguel Servet por el asunto expuesto. Ya sé que el desconocimiento de las leyes no me exime de mis responsabilidades pero esto más que Ley es una normativa de un Ayuntamiento concreto que no tengo por qué conocer.
Las preguntas son las siguientes:
A.- Si la Constitución Española en su artículo 19 dice: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. en su artículo 139.1. dice todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. en su artículo 149.1. dice el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
-Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. ¿Esas zonas no son ilegales constitucionalmente?
B.-Si el artículo 134 de Reglamento General de Circulación versa de la siguiente manera sobre el Catálogo oficial de señales de circulación
1. El Catálogo oficial de señales de circulación debe ajustarse a lo establecido en las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia así como a la regulación básica establecida al efecto por los Ministerios del Interior y de Fomento.
2. En dicho catálogo se especifica la forma y el significado de las señales y en su caso su color y diseño, así como las dimensiones de las mismas y sus sistemas de colocación.
3. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial deberán cumplir las normas y especificaciones que se establecen en este reglamento y en el Catálogo oficial de señales de circulación.
4. La forma, símbolos y nomenclatura de las señales, así como los documentos que constituyen el Catálogo oficial de señales de circulación, son los que figuran en el anexo I del presente Reglamento.
¿No serían ilegales o no reglamentarias las señales de esas zonas? las que hay son rectangulares tipo informativas cuando las señales de restricción de paso que afectan a aquellos usuarios que las encuentren de frente en el sentido de la marcha y a partir del lugar donde estén situadas prohíben o limitan el paso de vehículos. El diseño es de forma circular con un borde rojo. Los símbolos que presentan son de color negro sobre fondo blanco.
C.- ¿No está el Ayuntamiento de Madrid colgándose de un columpio? si según el Reglamento General de Circulación en su artículo 93. Ordenanzas municipales dice que en ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento. Juan L. Monzón
Siempre que haya mutuo acuerdo entre las dos partes y en aquellos casos en los que los empleados del hogar presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales. El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, una nueva modificación en el régimen de empleados del hogar para atender una de las peticiones que mayores quebraderos de cabeza suponía para los empleadores, como es llevar la responsabilidad de presentar las solicitudes y comunicaciones de afiliaciones de altas y bajas en la Seguridad Social, así como cualquier otro dato de sus empleados del hogar.
Con el régimen jurídico anterior el sujeto obligado a presentar todos estos trámites era el titular del hogar familiar. Una obligación que había generado, durante los meses en los que se ha puesto en práctica y evaluado este nuevo sistema, un gran número de dificultades y reticencias. Especialmente, en aquellos empleados del hogar que prestan sus servicios por pocas horas o de forma discontinua en varias casas y, también, en aquellos hogares en los que los empleadores son personas mayores o con dificultad de movilidad para hacer gestiones burocráticas de este tipo ante la Seguridad Social.
Así las cosas, el nuevo Real Decreto aprobado ayer por el Ejecutivo incluye, entre sus principales cambios, una flexibilización sustancial en este punto. A partir de ahora se considerará como sujeto responsable del cumplimiento de estas obligaciones, así como de cotización y recaudación, a los empleados de hogar incluidos en el Sistema Especial que presten sus servicios durante un tiempo inferior a 60 horas mensuales. Siempre, eso sí, que lo hayan convenido de esta forma empleador y empleado.
Según explica el portal jurídico Legalcity, los empleadores, por su parte, estarán obligados a entregar a los trabajadores, en el momento de abonarles su retribución, la parte de cuota que corresponda a la aportación empresarial. De no hacerlo así, si al trabajador no se le abona la cotización correspondiente, el empleador será responsable subsidiario de la cotización empresarial y sólo quedará eximido si prueba que sí abonó a su trabajador la aportación empresarial para su correspondiente aportación a la Seguridad Social. Este aspecto, sin embargo, no figura en la referencia detallada suministrada ayer por el Consejo de Ministros, por lo que habrá que esperar a la publicación del Real Decreto en el BOE para comprobar su plasmación defintiva.
El cambio se produce después de que la Seguridad Social haya constatado que con la integración de estos empleados en el Régimen General se ha producido un descenso de la base media de cotización superior al 30%. Asimismo, se reducen de 15 a 8 los tramos de la escala por la que se determinan las bases de cotización, cuya aplicación resultaba excesivamente complicada de gestionar. El efecto de esta reducción significará, según el Gobierno, una mejora en las futuras prestaciones.
CCOO califica de "absurda" la reforma
CCOO ha tachado, por su parte, de "absurda" la decisión del Gobierno ya que, en opinión del sindicato, el sistema ha tenido éxito y los cambios pueden suponer que los trabajadores tengan que asumir el ingreso de las cotizaciones sociales en su totalidad, incluso de la parte que correspondería al empleador.
El sindicato recuerda que la norma fue pactada con los sindicatos y aprobada por unanimidad en el Congreso, así como que ha permitido aumentar en 114.000 las altas de empleados del hogar, un tercio del empleo sumergido estimado en el sector.
Añade que los cambios introducidos pretenden transferir a los empleados responsabilidades que no les corresponden, por lo que recomienda a los empleadores a que mantengan "en todos los casos" sus responsabilidades en previsión de situaciones de inseguridad jurídica.
¿Por qué El País esta tan posicionado en defender a capa y espada la honorabilidad del clan Pujol y arremeter contra el diario que desde hace varias semanas esta sacando informaciones sobre las supuestas corrupciones de los principales popes de CiU? La respuesta la llevan hoy dos rotativos en sus portadas del 26 de diciembre de 2012, El Mundo y La Gaceta.
Según el rotativo de Pedrojota, "Oleguer Pujol controla la sociedad que compró a PRISA sus edificios". Esta claro que cuando te proporcionan 300 millones y otros 242 millones de plusvalía por la adquisición de tres de tus inmuebles en Madrid y Barcelona y encima luego este señor se convierte en tu casero, lo lógico no sólo es callarse, sino intentar arremeter contra aquellos que intentan sacar los trapos sucios de tu benefactor.
Luego, abundando en más detalles, Oleguer Pujol es el promotor de la cansina campaña Freedom For Catalonia, pero cuando se trata de un tema fiscal, entonces no existe su adorado territorio catalán, sino el paraíso fiscal de Luxemburgo, que como todo hijo de vecino conoce es la quinta provincia de los Paisos Catalans.
Como noticia de apertura, El Mundo dice que "Mas replica al Rey: Cataluña y España sumarán por separado". La frase resulta llamativa, máxime cuando el propio presidente de la Generalitat reconoce que no pudo ver el discurso del monarca por estar más ocupado en la confección de su Gobierno.
LA GACETA
El diario de Intereconomía dedica casi toda su portada al asunto de PRISA y el clan Pujol. El titular es bastante significativo: "PRISA-PUJOL, los negocios que les unen" y detalla que "Oleguer Pujol, hijo del ex Honorable, presidió hasta mayo la promotora que compró edificios emblemáticos de la editora de El País y que la operación ascendió a 300 millones". Recalca La Gaceta que ahí está la clave de por qué la izquierda mediática protege la corrupción en Cataluña.
El rotativo de José Javier Esparza lleva otro titular que puede entenderse como crítica, más que nada por el matiz, "Un año más, PP y PSOE coinciden en los elogios al discurso del Rey". O el monarca no hila muy fino en sus palabras o es que, directamente, los políticos saben eludir todo atisbo de crítica:
Oleguer Pujol Ferrusola, el séptimo hijo del Honorable, ha representado durante años los intereses del fondo de inversiones Drago. La trayectoria de Oleguer en la gran finanza no es un secreto para nadie. La propia web de Drago Capital indicaba que el menor de los Pujol acumula larga experiencia como "gestor para inversores institucionales internacionales y grandes patrimonios privados nacionales". Este fondo, Drago controla diversas promotoras inmobiliarias. Y una de esas promotoras, Longshore SL, compró en 2008 al menos tres inmuebles al grupo Prisa, editora de El País.
Concretamente, Longshore adquirió la sede social del grupo en la Gran Vía de Madrid, la vieja redacción del periódico en la calle Miguel Yuste y las dependencias de Radio Barcelona en la calle Casp de la Ciudad Condal. El conjunto de la operación ascendió a 300 millones de euros. Y el grupo Prisa se beneficiaba de condiciones ventajosísimas, porque pudo mantenerse en estos inmuebles en régimen de alquiler. Esta operación se anunció públicamente en julio de 2008. Poco después Oleguer Pujol era nombrado presidente de Longshore. Es decir, que El País le debe una… por lo menos.
EL PAÍS
Y claro, después de conocer este hecho, no es de extrañar que el periódico de PRISA abra con la enésima bravata de Mas, pero claro, hay que tener contento al 'casero' que es como se le llama al hijo de Jordi Pujol en el planeta prisaíco. "Mas responde al Rey: Cataluña quiere integrar, pero en la UE" y de nuevo se alude a la necesidad de llevar a cabo la consulta soberanista porque de lo contrario habría un "claro riesgo de colisión".
Parece que ni Mas ni El País han comprendido o asumido el mensaje de los ciudadanos en las urnas hace poco más de un mes, el 25 de noviembre de 2012, que CiU, presentándose como el partido de la independencia, perdió una quinta parte de los escaños obtenido el 28 de noviembre de 2010. Pero bueno, hay que tener contento a la 'familia nacionalista'. De ésta, El País pasa de ser el periódico global en español al diario global de Cataluña (¡qué tiemblen Godó y el Grupo Zeta!).
LA RAZÓN
El rotativo de Planeta define en su portada a Artur Mas como un político que ha asumido las tesis de los separatistas del País Vasco. "La batasunización de Artur Mas" y apunta que el líder de CiU y presidente de la Generalitat de Cataluña no sólo menospreció el discurso del Rey al decir que no tuvo tiempo de verlo por estar preparando la formación de su Ejecutivo, sino que también en su toma de posesión ocultó el retrato de Don Juan Carlos I, algo que hizo el que hoy es alcalde de San Sebastián, un 'angelito' de Bildu.
ABC
El diario de Rubido abre con Su Santidad Benedicto XVI durante su tradicional alocución navideña, "El Papa pide paz para Siria y libertad para China". También lleva bastante destacado el mensaje del Rey, "Hagamos lo posible por cerrar las heridas abiertas", haciendo especial hincapié en el respaldo que sus palabras han suscitado en los dos principales partidos de España, PP y PSOE y el menosprecio (uno más) de Artur Mas, que es el mismo que el pasado 24 de diciembre de 2012 tiene que jurar su cargo prometiendo lealtad al Rey y a la Constitución.
También lleva ABC una entrevista con la madre de Cristina Arce, Isabel, que fue una de las víctimas de la funesta fiesta de Halloween en el Madrid Arena. La frase es clara y contundente, "A mi hija le han robado la vida por dinero y llegaré hasta el final para aclarar el caso. Caiga quien caiga",
El Sindicato Unificado de Policía ha difundido una nota en la que denuncia que no se está investigando de forma suficiente la corrupción política en Cataluña y en la que acusa al diario 'El País' de exigir sanciones para "los policías decentes" con el fin de que "puedan seguir campando a sus anchas los corruptos".
"Muchos policías, y nosotros como organización sindical, tenemos la impresión de que no se ha combatido la corrupción en general, la corrupción política en particular y en especial en Cataluña con el rigor que exigen las leyes, y que es posible que esa laxitud haya sido como moneda de cambio para que se mantuviera un perfil político bajo de demandas políticas independentistas en dicho territorio", señala el escrito del SUP.
Según afirma la nota del SUP, "en España se ha instalado la corrupción ampliamente y ningún ámbito de la sociedad es impermeable". Y añade: "Los ciudadanos lo intuyen y nosotros lo sabemos porque tenemos indicios sólidos de ello".
La nota del SUP se titula 'La partida de la democracia' y está escrita como carta abierta en respuesta a un editorial del diario 'El País' publicado este jueves, titulado 'La partida de la porra' y en el que el periódico aborda las investigaciones policiales y periodísticas que han destapado los recientes escándalos de corrupción relacionados con dirigentes de CiU.
En su editorial, el diario de Prisa critica directamente al SUP por defender "la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial" y denuncia "como hecho palpable" la existencia de "fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de la que ninguna autoridad sale fiadora".
"Desde el SUP defendemos que policías decentes, sujetos a la ley y bajo el control y dirección de las autoridades judiciales combatan a la corrupción desde la legalidad", responde el SUP en su nota. Y añade: "Pero si se diera el caso de que la corrupción impide esa tarea será cuestión de buscar otros procedimientos, como se hizo en la clandestinidad, que contribuyan a que la Constitución y las leyes imperen por encima de los corruptos que las utilizan y los medios de comunicación que los protegen".
La nota del SUP recuerda que "a principios de los ochenta, el diario 'El País' y su director entonces, Juan Luis Cebrián, se destacaron por apoyar (junto con 'Diario 16') los movimientos sindicales entonces clandestinos en la Policía". Según señala el SUP aquellos movimientos sindicales "eran ilegales pero entendía el diario entonces progresista que eran necesarios cambios en las normas y procedimientos para que España fuera una verdadera democracia".
"Entonces 'El País' era altavoz de esos movimientos sindicales y no solo no criticaba que fuera una voz alternativa a la oficial de la Policía sino que la alentaba y le daba cauces de expresión, por considerar que la libertad de expresión, la democracia y la policía civil con sindicatos era consustancial al modelo democrático", señala la nota del SUP.
El sindicato policial reafirma su compromiso de "actuar jurídica y sindicalmente para combatir la corrupción" y a continuación concluye: "Ya sabemos que en esta situación el diario 'El País' estará exigiendo a los responsables políticos que identifique y sancione a los policías decentes para que puedan seguir campando a sus anchas los corruptos".

Es el Gobierno catalán más separatista de la democracia, cuyo principal cometido es preparar un referéndum independentista en 2014. Pero también el más caro. Porque, en plena recesión y tras una legislatura en la que Cataluña pidió el rescate, Artur Mas ha ampliado su plantilla de consejeros de once a doce, con el consiguiente gasto en altos cargos.
El propio Mas cobra el doble que el presidente del Gobierno nacional, Mariano Rajoy, un total de 144.030 euros brutos al año. Una cifra que supera el sueldo base de Su Majestad el Rey. El sueldo de los consejeros catalanes también es sustancioso: 108.576 euros anuales. Y todo ello sin contar secretario generales o sectoriales (84.078 euros), los directores generales (80.589 euros) y demás cargos de confianza, asesores, etc. Hasta ahora, el número de altos cargos, eventuales y personal directivo de la Generalitat ascendía a 523 (incluye entidades del sector público). Andalucía tiene once consejerías, y País Vasco, Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana, ocho. Baleares y Castilla-La Mancha, siete.
No obstante, el Ejecutivo catalán será el encargado de aplicar en esta legislatura unos recortes que superan los 4.000 millones de euros, que Artur Mas, en aras a su acuerdo de legislatura con ERC, intenta compensar con la creación de nueve impuestos nuevos -precisamente ayer, el nuevo gobierno aprobó en su primera reunión pasar de 700.000 a 500.000 euros el límite exento del impuesto de patrimonio, y prorrogó los presupuestos de 2012-.
«Pese a las inclemencias y los obstáculos que encontraréis en esta singladura», dijo, deberéis «mantener el barco a flote». Mas hizo un llamamiento al diálogo «incluso con el Estado, por mucha distancia y diferencias ideológicas que se tengan».
Tuvo palabras de agradecimiento para los cuatro consejeros salientes, Pilar Fernández Bozal, Lluís Recoder, Josep Maria Mena y Josep Lluís Cleries, y de bienvenida a los entrantes, entre los que se encuentran Francesc Homs (Presidencia) y Germà Gordó (Justicia), miembros de su estrecho núcleo de colaboradores. También entran en Santi Vila (Territorio y Sostenibilidad), Neus Munté (Bienestar y Familia) y Ramon Espadaler (Interior). Repiten Andreu mas-Colell (Economía), Joana Ortega (Vicepresidencia), Ferran Mascarell (Cultura), Josep Maria Pelegrí (Agricultura), Irene Rigau (Educación), Boi Ruiz (Salud) y Felip Puig, quien pasa de Interior a Empresa.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tildó este nuevo ejecutivo de «talibán y radical», mientras que el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, se refirió a los «doce apóstoles del separatismo».

La Comunidad de Madrid ha dado a las 17.21 el paso previo a la privatización de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con la mayoría absoluta del Partido Popular (72 diputados) y el rechazo frontal de PSM (36), Izquierda Unida (13) y UPyD (8). A partir del 1 de enero se podrán presentar las licitaciones para los concursos de sanidad. El Gobierno regional, que también ha incluido dentro de la Ley de Acompañamiento la tasa del euro por receta -o una batería de iniciativas fiscales y administrativas que son "un traje a medida para Eurovegas" según toda la oposición-, calcula que se harán efectivas a lo largo de la primavera. El PSM y UPyD han pedido el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty durante sus intervenciones en el pleno, en el que el PP no ha sacado adelante ni una sola de las enmiendas de IU (81), PSM (78) y UPyD (60). Otro cantar ha sido con las 48 enmiendas del Partido Popular. "Privatizan la sanidad para hacer negocio. No es eficiencia. Señor Lasquetty, le exijo en nombre de mi grupo parlamentario que presente su dimisión. Ha convertido la política en un ataúd", ha apuntado el socialista Antonio Carmona. "El señor Lasquetty ha planteado de una manera imprudente e irreflexiva la privatización. Ha causado un gran malestar. Lasquetty es un obstáculo en este conflicto", le ha precedido el magenta Luis de Velasco.
La sesión ha sido más tranquila de lo esperado, en buena parte por el dispositivo desplegado por la Delegación del Gobierno, con una veintena de furgonetas policiales –una cifra similar a la que ya rodeó el hemiciclo la víspera-, y porque una plataforma ciudadana ha cancelado una manifestación contra la privatización de la sanidad ya que no les permitían acercarse al Parlamento madrileño. "Esto no es una ley. Esto es un escándalo para la sanidad pública, un escándalo que les veíamos venir, con el área pública por ejemplo. O cuando reducían las dotaciones a la sanidad pública por la concertada y la privada", ha criticado Carmona. "Protegen a los más ricos para que no sufran el menor agobio de la crisis... Se condena a madrileños al desamparo. Esta ley está hecha al dictado de un propietario de casinos y regala la sanidad pública a Capio", ha añadido Libertad Martínez, de Izquierda Unida. "No es compatible la búsqueda de beneficio con un derecho absolutamente fundamental como derecho a la salud, por eso enmendamos el artículo 56 de la Ley de Acompañamiento, referente a la privatización de la gestión de seis hospitales", han esgrimido desde UPyD.
Precisamente el PP ha presentado una modificación de enmienda al artículo 56, que trata de la "reordenación de la asistencia sanitaria en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo". De cinco párrafos, los populares eliminaron dos. En la versión inicial la concesionaria de los servicios sanitarios (la que entre nueva) tenía las funciones de coordinación de los distintos actores (concesionaria de lo no sanitario, administración y concesionaria de lo sanitario) y con la enmienda ya no tiene esa funciones. "Las funciones de coordinación con las entidades adjudicatarias de los servicios no sanitarios de explotación de la obra pública corresponderán a las empresas adjudicatarias de los contratos de gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada", apuntaba el texto. "La adjudicación de contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada no supondrá modificación de los Contratos de concesión de obra pública para la Redacción del Proyecto, Construcción y Explotación vigentes en los respectivos Hospitales", rezaba el otro párrafo. "Da la impresión de que no se lo habían pensado mucho… refleja improvisación", opina Enrique Normand, diputado de UPyD que es médico de formación. "Con la enmienda existe la posibilidad de modificar el contrato con las concesionarias actuales: en la primera redacción se indicaba que ese contrato no se modificaba. Quizá estén abriendo la posibilidad a que haya una unión temporal de empresas (UTE) entre la nueva concesionaria y la que ya está. Quizá a la nueva concesionaria le interese terminar de habilitar algunas zonas que ya están construidas en los 6 hospitales a privatizar pero que hoy en día no se están utilizando y para ello tenga que negociar con la concesionaria de la infraestructura", reflexiona el parlamentario.
Una vez más la Ley de Acompañamiento hizo honor al sobrenombre con que es conocida, el de la ley escoba ya que el partido en el poder la suele emplear para incluir toda serie de normativas. Por ejemplo, que los funcionarios interinos no docentes del sector público regional "podrán ser nombrados para realizar sus funciones a tiempo parcial cuando así lo requieran las necesidades del servicio. En tal caso, percibirán las retribuciones proporcionales a la jornada trabajada". La duración concreta de la jornada no será inferior al 75% de la jornada ordinaria en cómputo anual o "del que proporcionalmente corresponda si se trata de un nombramiento temporal de menor duración".
También se introdujo un artículo nuevo vía enmienda referente a la reducción voluntaria de jornada. El personal funcionario de carrera, el personal estatutario fijo y el personal laboral fijo del sector público podrá solicitarla "con el límite máximo de un tercio de la jornada ordinaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones". La concesión de la reducción de jornada quedará "subordinada a las necesidades y buen funcionamiento de los servicios públicos". No se podrá sustituir a las personas a las que se les conceda dicha reducción, incide el artículo.
La Ley de Acompañamiento, también conocida como Ley Escoba, también cumple con los requisitos de Sheldon Adelson para desarrollar su proyecto de Eurovegas en Madrid. "No pueden dedicar 8 millones a impedir desahucios, y perdonan 1.800 millones a los casinos... Harry Potter, a esta ley, no la llamaría ley innombrable, la llamaría la Ley Voldemort", ha cargado Martínez. "Esta ley con tufillo de capitalismo es la ley de los casinos, de Metrovacesa y de Capio", ha concluido la diputada de IU. "No es una ley, es una inmoralidad. No debe haber ventajas para nadie, permitiendo que nuestros menores se puedan pasear por los casinos. Es una ley que es un salvoconducto a la corrupción", también ha criticado Carmona; "Es una ley escándalo. No es una ley, es una provocación, nos llevan a los años 40… Hagan juego con los ancianos, con los niños… No dejen nuestro futuro en la ruleta de la fortuna". "Sus discursos son mas propios del Madrid del XVII que del Madrid del futuro. No caigan en el esperpento. En Eurovegas habrá juego, pero también teatros, ocio...", ha defendido la legislación Pedro Muñoz Abrines, del PP. "Nuestro sistema tributario no era atractivo para las inversiones extranjeras, y las pretendemos solucionar. Los CID son proyectos de gran envergadura, que supondrán la inversión de miles de millones" , ha argumentado. "Los CID son un eufemismo para ocultar la instalación de casinos. ¿Dónde está la libertad de empresa? Según el credo liberal, no parece el caso vistos los incentivos administrativos y fiscales. Es un traje a medida para Eurovegas".
Los diputados del PP Bartolomé González y María Isabel Redondo han sido fotografiados por Álvaro García en plena partida de Apalabrados -un popular juego on line similar al Scrabble- durante la votación de la Ley de Acompañamiento que ha abierto las puertas a la privatización de la gestión de la Sanidad madrileña.
La imagen de los dos políticos distraídos durante la aprobación de una ley de tal trascendencia ha generado una gran polémica en las redes sociales. González, exalcalde de Alcalá de Henares, ha sido el primero en pedir perdón por Twitter: "Mil perdones. No vale ninguna excusa". "Lamento mucho lo sucedido. No hay excusa. Y por supuesto, no volverá a suceder. Lo siento", se ha excusado después Redondo. Desde el grupo parlamentario popular lamentaron lo ocurrido e indicaron que "se les va a pedir explicaciones al respecto", sin aclarar si les sancionará o no. Tanto González como Redondo son miembros de la Dirección del Grupo Parlamentario popular. Además, el exregidor es uno de los tres vicepresidentes del PP de Madrid.
Un diputado raso de la Asamblea de Madrid cobra 3.503,46 euros brutos al mes como salario base en 14 pagas (49.000 al año), a lo que hay que añadir un plus de 1.825,83 euros si además es portavoz del partido. Quienes acuden a la Junta de Portavoces reciben a su vez 1.457,54 euros, mientras que la paga por ser portavoz de una comisión es de 846,97 euros. El 20% del sueldo no tributa IRPF al considerarse "gastos de viaje".

En tiempos inestables, experimentos los justos. Artur Mas ha seguido esta máxima para configurar el nuevo Gobierno catalán, que este jueves echó a andar con la mirada puesta en la consulta de autodeterminación de Cataluña que pretende celebrar en 2014. El presidente de la Generalitat se ha rodeado de políticos de su máxima confianza para cuadrar el complicado círculo de llevar adelante la consulta, mantener el pacto con Esquerra Republicana y ladear el riesgo de intervención por parte del Gobierno central del PP.
Si Mas levantó el tono durante su toma de posesión alertando de una "colisión" entre Cataluña y el resto de España, este jueves llamó al diálogo en el acto de nombramiento de sus consejeros. "Este debe ser un Gobierno de diálogo permanente, de palabras, no de ruidos ni de chillidos, de llegar a acuerdos y de pactar", tanto "dentro como fuera de Cataluña", destacó. Un Ejecutivo que también modificará impuestos, al anunciar la modificación al alza del impuesto de patrimonio. El mínimo exento quedará en 500.000 euros y el tipo aplicable sube cinco puntos en todos los tramos excepto en el más alto, que sube un 10%.
También se refirió directamente al Gobierno central para dejar claro que "pese a la distancia" que pueda existir es "necesario el diálogo institucional". Las complicaciones económicas, y las transferencias que permiten a la Generalitat pagar nóminas y proveedores, no dejan a Mas otra opción que mantener fluidas las relaciones.
Los nombres clave en el nuevo Gobierno o formaban parte del anterior o manejaban los hilos desde la sombra. El hombre fuerte será Francesc Homs, consejero de la Presidencia tras haber sido secretario general de la misma área. Homs ha crecido políticamente con Mas y es su mano derecha desde hace 10 años. El otro gran colaborador del presidente catalán, Germà Gordó, controlará el Departamento de Justicia. Los dos tendrán la misión de articular el discurso que pueda convencer a la mayoría de los catalanes sobre las bondades de la consulta.
Homs tendrá la misión añadida de internacionalizar el proceso de autodeterminación. A sabiendas de que el Gobierno central utilizará todas las medidas legales posibles para evitar la consulta, Convergència i Unió y Esquerra Republicana han pactado recorrer Europa en busca de guiños de la comunidad internacional. Este punto fue uno de los que más complicó a Artur Mas el diseño del nuevo organigrama, ya que eran varios los consejeros que querían o podían hacerse cargo de esta labor. Las relaciones exteriores dependerán finalmente de Homs, pero ello no queda reflejado en el nombre del departamento, Presidencia a secas. Eso es así, según fuentes del Gobierno, porque Unió Democràtica era reacia a atribuirle este poder a la mano derecha de Mas.
Tanto Homs como Gordó forman parte del núcleo duro de Convergència y del entorno de Mas que ha escorado al partido hacia posiciones independentistas. El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tradicionalmente falto de sintonía con este núcleo, también ha conseguido una pequeña victoria. Unió seguirá ejerciendo de contrapeso al aumento de poder de los más soberanistas.
Los democristianos tendrán tres consejeros, entre ellos la vicepresidenta, Joana Ortega, que se mantiene en el cargo, y ha logrado conservar las competencias sobre Gobernación. Por tanto, Ortega, y por extensión Unió, desarrollará la Ley de Consultas con la que el Gobierno catalán organizará la votación. En el mismo sentido se interpreta el nombramiento de Ramon Espadaler como consejero de Interior. Muy próximo a Duran i Lleida, Espadaler asume el siempre complicado departamento que controla a los Mossos d'Esquadra y los bomberos.
Estos equilibrios de partidos han obligado a incrementar en uno el número de consejeros. De 11 se pasará a 12, en contra de la tendencia de otras comunidades de reducir el número de carteras.
La realidad inmediata será mucho más complicada que la simple promoción la consulta. Este jueves mismo la primera decisión del nuevo Gobierno catalán fue prorrogar los Presupuestos de este año. Los nuevos no llegarán hasta marzo o abril, y obligarán a un ajuste suplementario de 4.000 millones. Al frente del tijeretazo y de las subidas de impuestos Mas mantiene a Andreu Mas-Colell, gestor de los dos últimos años de austeridad extrema, que fue quien también anunció este jueves la modificación al alza del impuesto de patrimonio.
El primer cometido de Mas-Colell será intentar convencer al Gobierno central para que flexibilice el objetivo de déficit de las comunidades, actualmente del 0,7% del PIB. La Generalitat considera imposible cumplirlo sin desguazar el Estado de bienestar.
Esquerra Republicana ha influido en la formación del nuevo Gobierno. No hay consejeros de ERC pese a que CiU depende plenamente de sus votos para llevar adelante su acción de gobierno. Sin embargo, los independentistas sí han enviado discretas indicaciones sobre lo que esperaban del nuevo Gobierno. Y ya desde el primer momento dieron luz verde a la continuidad de Mas-Colell.
El pacto con los republicanos es también el responsable de que Mas haya dado entrada al Gobierno a dos jóvenes dirigentes de la llamada ala socialdemócrata de CiU. Se trata de Santi Vila, que se ocupará de Política Territorial y de Neus Munté, exdirigente de UGT, y que ocupará el departamento de Bienestar y Familia.
Las especias han sido veneradas durante miles de años por sus beneficios para la salud. Pero, ¿pueden realmente curar una resaca o ayudar a bajar esos kilos adicionales de las fiestas navideñas?
Algunos suelen espolvorear nuez moscada en sus Speculaas (una galleta navideña muy tradicional en Holanda) o poner una pizca de canela en su Glögg (una versión noruega de hipocrás).
Cualquiera que sea la especia que use, estos condimentos son una forma muy sencilla de hacer los alimentos más apetitosos.
Según la medicina ayurvédica, un antiguo sistema medicinal del hinduismo, las especias pueden calentar o enfriar y se les utiliza para tener un impacto en el sistema digestivo.
"Actúan como un estímulo en el sistema digestivo, alivian los trastornos digestivos y algunas especias tienen poderes antisépticos", explica el doctor Krishnapura Srinivasan, científico del Instituto Central Tecnológico de Investigación de Alimentos, en Mysore, India.
No es de sorprender que las especias se han asociado a las dietas. Incluso hace 2.500 años el maestro y filósofo chino Confucio recomendó comer jengibre en cada comida para mejorar la digestión.
Pero todavía no hay un consenso científico sobre cómo las especias tienen un efecto en la salud.
Azmina Govindji, nutricionista de la Asociación Dietética Británica, afirma que existe la percepción de que las especias son buenas para hacer dieta:
"A menudo se dice esto en los medios de comunicación y las mujeres suelen aferrarse a cualquier cosa que suene como una forma sencilla de perder peso"
Los científicos del Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad Estatal de los Apalaches, en Carolina del Norte, Estados Unidos, recientemente realizaron un estudio sobre si las dosis culinarias de pimiento rojo y cúrcuma podrían reducir la inflamación crónica en mujeres con sobrepeso de entre 40 y 72 años.
Su hipótesis era que la inflamación en las personas con sobrepeso podría ser causada por el estrés oxidativo. Este es un proceso en el que las moléculas químicamente reactivas, conocidas como radicales libres, provocan eventos fisiológicos o dañan los tejidos.
Poca evidencia
Con excepción de la vanilla y el chile, todas las especias son de origen asiático.
Pero los resultados del ensayo clínico de un mes fueron negativos. No se encontró evidencia que sugiriera que el pimiento rojo o la cúrcuma alterara la inflamación al influir en el estrés oxidativo.
Según los científicos, esto podía deberse a que se necesitan mayores dosis o periodos de prueba más largos o a que las especias simplemente no tienen ningún efecto.
El chile en polvo es otra especia que se ha mostrado como una solución para perder peso.
Pero según Azmina Govindji, esto tampoco se ha confirmado.
Los científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana, estudiaron el efecto del chile en polvo en la termogénesis, un proceso que afecta el metabolismo y el apetito.
El estudio mostró que a medida que se incrementa la temperatura corporal se reduce la tasa metabólica y entre los los participantes que comieron chile en polvo disminuyó el deseo de comer alimentos grasos.
Otro estudio en la Universidad de Kioto, Japón, encontró que los hombres que consumían una dieta normal con un extracto de chile en polvo lograron una pequeña disminución en la grasa y peso corporal después de dos semanas.
Pero tal como expresa la señora Govindji, este tipo de estudios no ofrece conclusiones reales:
"La investigación de las especias es realmente interesante, pero no hay suficientes datos para poder estar seguros de que podemos hacer recomendaciones. Sabemos que reducir la sal es una parte muy importante de la salud, porque reducimos el riesgo de hipertensión y derrames, y las especias ayudan a reducir la cantidad de sodio en la cocina porque mejorar el sabor de los alimentos".
Un chef que promueve el poder de las especias para transformar nuestra alimentación y salud es Gurpareet Bains.
"Las especias son los alimentos más antioxidantes del planeta, son herramientas muy poderosas", asegura el autor de "Superespecias indias", una colección de recetas "inspiradas en el laboratorio" y destinadas a tratar los síntomas de las enfermedades comunes:
"Muchos dicen que la comida india es poco sana, pero con 'Superespecias indias' estoy demostrando lo contrario, porque la comida india puede también ser una medicina".
El masala chai puede ayudar a curar la resaca.
Alimento sano
Según el experto, su receta de pavo con arándanos azules, canela e hinojo es una de las comidas más sanas del mundo:
"Contiene la misma cantidad de antioxidantes que 23 ramos de uvas".
Para los que sufren insomnio, Bains creó un cordero masala cubierto de nuez moscada que probó en los estudios de radio de la BBC:
"Lo que hice fue crear una comida que ayude a la gente a dormir. Y la nuez moscada es un poderoso sedante. Los presentadores comenzaron a quedarse dormidos a las 10 de la mañana".
Y para las resacas o crudas, Bains recomienda preparar un masala chai (una mezcla de té con especias y hierbas aromáticas) con semillas de Nigella sativa, hinojo, cardamomo y jengibre:
"La Nigella sativa es una especia extraordinaria, casi como una sustancia con múltiples funciones, y sirve para el resfrío, la gripe o las reacciones alérgicas. Simplemente añada una cucharada al agua, hiérvala cubierta por diez minutos, agregue hojas de menta y miel y tendrá un té listo para tratar varios tipos distintos de trastornos".
Sustitutos
"Potencialmente usted puede agregar más sabor a la comida usando canela o nuez moscada en el postre sin necesidad de añadir demasiada azúcar. Pero la especia sola no logrará que perdamos peso"
Sin duda, las especias ofrecen un sinnúmero de alternativas para crear recetas e ingredientes.
Pero, en último término, no únicamente las especias las que nos ayudarán a perder peso, sino la forma como cocinamos con ellas.
"Potencialmente usted puede agregar más sabor a la comida usando canela o nuez moscada en el postre sin necesidad de añadir demasiada azúcar", afirma Azmina Govindji.
"Pero la especia sola no logrará que perdamos peso".
"Sustituir el azúcar con especias puede ayudar a la gente a bajar de peso, porque de esta forma estamos promoviendo una reducción en las calorías", añade la nutricionista.


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El sistema de pensiones es clave para la población. Da cobertura a más de ocho millones de personas y los trabajadores confían en una prestación adecuada y suficiente cuando finalicen su vida laboral. Su tarea es ambiciosa y esencial, estabiliza los ciclos económicos y reequilibra desigualdades sociales, con mucha influencia en la calidad de vida de las personas.
El sistema público de pensiones ha mantenido hasta hace poco superávits anuales, acumulando un Fondo de Reserva elevado (66.814 millones de euros hasta mediados de 2012; el 6,5% del PIB). La crisis que ha destruido tres millones de ocupados desde 2008, tiene una influencia determinante en el deterioro de sus cuentas hasta incurrir en déficit (-4.400 millones de euros en 2012, y -2.131 millones de euros en 2013 con la previsión oficial).
En 2013 entra en vigor una amplia reforma, derivada del acuerdo alcanzado en 2011 por el Gobierno anterior con CC OO, UGT, CEOE y CEPyME y aprobado después por las Cortes Generales. Profundiza en la contributividad del sistema cambiando la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones, incorporando el criterio de carrera profesional completa con 38,5 años cotizados para determinar la edad ordinaria de jubilación de cada persona, entre 65 y 67 años, en vez de los 65 actuales y ello, aún siendo conscientes de que España tiene una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87). Al tiempo, reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos).
Tampoco se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo
La reforma prevé cambios en las aportaciones para reforzar los ingresos del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad. Actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando requisitos de acceso más rigurosos, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta hoy. El objetivo es reforzar el sistema de reparto, compatibilizando una mayor cobertura de pensiones con mejoras razonables en términos reales y moderación en el crecimiento del gasto en relación con el PIB, hasta alcanzar un porcentaje similar al de la zona euro, hoy superior al nuestro.
Con la posición financiera enunciada y sin comprobar los efectos de la reforma, se escuchan voces reclamando una reforma estructural del sistema para su sostenibilidad financiera. La experiencia acumulada en un sistema de larga duración desaconseja decisiones estructurales por razones coyunturales. Igual que se trasladaron a reservas los superávits conseguidos durante el ciclo económico, tampoco se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo, a la que han contribuido las dos últimas reformas laborales, que es preciso revertir. De no hacerlo, nuestro mayor problema no será cómo pagar las pensiones.
Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado discriminatoria la legislación española en cuanto al reconocimiento de periodos cotizados a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial. El alcance de esta doctrina, que recoge posiciones defendidas por las organizaciones sindicales, tendrá importancia sobre nuestro sistema de pensiones.
Cambiar la forma de actualización podría reducir el coste, pero perjudicaría a todos los beneficiarios
La pensión de un trabajador es resultado del esfuerzo realizado durante su carrera profesional; la revalorización anual de su pensión le permite mantener el poder adquisitivo durante el tiempo de percepción. Cambiar la forma de actualización (IPC anual) podría reducir el coste, pero perjudicaría a todos los beneficiarios. El excesivo crecimiento de precios deteriora la renta de los más débiles y la capacidad de competir vía precio de los productos españoles. El objetivo principal de la política económica debe ser la estabilidad de precios, no perjudicar a los pensionistas. Muestra de esta preocupación es el AENC II suscrito por UGT, CC OO, CEOE y CEPyME en 2012 para conseguir una evolución más moderada de los precios gracias a la evolución de las rentas durante tres años (salarios y beneficios distribuidos, a lo que debe sumarse una actuación de los poderes públicos en el control de los precios públicos).
El sistema de pensiones debe cuidar un trato equitativo de las personas que cumplen las mismas condiciones, contribuye a la solidaridad, cohesión y justicia social sin descuidar la sostenibilidad y equidad del sistema; pero estos objetivos no avalan la desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada, que no atentan contra la viabilidad ni la equidad y, sin embargo, dan cobertura a colectivos muy desfavorecidos de trabajadores que han perdido su empleo y por su edad es casi imposible que consigan otro. El acercamiento de la edad real de jubilación a la de acceso ordinario puede ser un objetivo aparente, pero hoy la jubilación anticipada —con un coeficiente reductor exigente para quienes la utilizan (6,5%-7,5% por año de adelanto aplicable a la duración completa de la prestación— no cuestiona la sostenibilidad financiera, al no generar mayor coste. Los objetivos estéticos no refuerzan el sistema de pensiones.
El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera.
A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en España el factor de sostenibilidad ya existe, con éxito, desde 1995, y se articula alrededor del Diálogo Social, que ha producido cuatro acuerdos, dos de ellos de especial intensidad, y el Pacto de Toledo
Las cuotas sociales en relación con el PIB en España son inferiores en 2,5 puntos del PIB a la media de la zona euro. Hay margen de subida que puede ser utilizado en la cuota de contingencias comunes con una distribución en la que los trabajadores también participen en un porcentaje suficiente. La cuota del empleador forma parte de los costes laborales para la empresa, pero el conjunto de las cuotas sociales son renta de los asalariados percibida de forma diferida (las prestaciones).
Los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero pueden estar complementados por otras fórmulas de ingresos hasta completar el objetivo marcado como esfuerzo de la sociedad a las rentas de quienes aportaron su esfuerzo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB). CC OO y UGT han mostrado su compromiso con el sistema de Seguridad Social español, participando activamente en su diseño y evolución, con medidas concretas, valientes en muchos casos, que han necesitado de un intenso proceso de explicación entre los trabajadores.
Estas medidas adoptadas en el diálogo social, han reforzado el sistema y han estado insertas dentro del consenso articulado en el Pacto de Toledo. Único Pacto de Estado vivo en España que se cuestiona en estos tiempos. Es un error, necesitamos más consensos de estas características, no debilitar el existente. La sociedad española necesita dialogo y consenso para salir antes y mejor de la crisis. Cambios unilaterales y precipitados en el sistema de pensiones no ayudan a ello.
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez son secretarios generales de CC OO y UGT respectivamente.
La toma de posesión de Artur Mas, presidente de la Generalitat en esta nueva legislatura, era un acto que conciliaba más intereses que el habitual dado el 'jaque' que hay en el ambiente por el independentismo expreso que defiende CiU.
¿JURAR LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN?
El hecho de que el juramento como presidente de la Generalitat incluya la lealtad a la Constitución del conjunto de España abría ya la primera polémica a si Mas respetaría el protocolo o alteraría de alguna manera el juramento para no irritar a los sectores independentistas cuyo apoyo ha buscado en estos últimos comicios desesperadamente.
El acto, presidido por la presidenta del Parlament, Nuria de Gisbert, de Unió, que representa el sector menos partidario a la independencia - aunque en una entrevista realizada el 23 de diciembre se mostraba dispuesta a cambiar su criterio contrario a la independencia si la situación no cambiaba, se desarrolló de la siguiente manera:
De Gisbert- "Promete por su conciencia y por su honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, con fidelidad al Rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y las instituciones nacionales de Cataluña".
Artur Mas- "Sí, lo prometo, y plena fidelidad al pueblo de Cataluña"
Es decir, Mas prometió sin problemas lealtad a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía - que ahora parece querer destruir - y al jefe del Estado español, y añadió como única coletilla para que sus fans se quedaran satisfechos, la referencia a esa fidelidad al pueblo de Cataluña. Un posible argumento para incumplir todo lo prometido anterior si contradice a eso último.
Abucheos al PP y aplauso de Montoro
Los representantes del Partido Popular en el acto, encabezados por Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP y el ministro Cristobal Montoro, fueron recibidos con abucheos, gritos y silbidos, lo que contrastó con los aplausos con los que eran recibidos otros políticos. En la comitiva pepera también estuvieron recibiendo abucheos Enric Millo y la delegada del Gobierno María de los Llanos de Luna.
A pesar de ello, Cristobal Montoro aplaudió el discurso de Artur Mas.
Plantón de Ciutadans
Quienes optaron por ahorrarse los abucheos de los independentistas fueron los representantes de Ciutadans, que en esta legislatura forma grupio propio. El presidente de esa formación, Albert Rivera, explicó que "aunque nosotros defendemos el autogobierno de Catalunya y la Generalitat como institución, no podemos apoyar a un presidente autonómico que no respeta la pluralidad de Cataluña".
No es la primera vez que hay polémica en una toma de posesión de un presidente de la Generalitat. Hay que remontarse a la Transición, en 1980, cuando el histórico presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas amenazó con plantarse si en el acto de nombramiento del nuevo presidente Jordi Pujol, no se invitaba al mismo al Rey de España o al presidente del Gobierno, D. Adolfo Suárez.
También en otras comunidades hubo polémicas, en 1988 el representante del Gobierno en la toma de posesión del presidente de Canarias, el ministro Joaquín Almunia, rechazó asistir al acto por discrepancias protocolarias con el nuevo presidente Fernando Fernández.
La cadena pública británica BBC ha emitido un reportaje que ha sentado mal en determinados ambientes políticos españoles. De hecho, hasta se ha convertido en una cuestión de Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador en Londres, Federico Trillo, ha llegado a presentar una queja formal por la pieza periodística, titulada 'The Great Spanish Crash' (El gran 'Crash' español). Arranca con un repaso de la historia de España desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad, si bien se centra en los últimos años.
Además de presentar a la Comunidad Valenciana como ejemplo del despilfarro y mostrar el Plan E de Zapatero como algo inútil y contraproducente, incide especialmente en cómo se malgasta desde las Comunidades Autónomas, en la burbuja inmobiliaria y en la corrupción a través de las Cajas de Ahorros.
Estas son algunas frases extraídas del reportaje:
"A los nuevos gobiernos regionales les fueron dados [en la Transición] amplios poderes para legislar y, fundamentalmente, para pedir prestado y gastar a su antojo".
Estos gobiernos autónomos con grandes presupuestos pero con responsabilidad limitada por lo que gastaban vendrían a jugar un papel central en la crisis actual. Y había otra característica regional de España que también juega su parte. Cada región tiene su propio banco local, las conocidas como 'cajas de ahorros' [en español en el original].
"La historia de amor de los españoles con la construcción creció aún más fuerte [que con la UE]. Como los españoles se hicieron más ricos, más y más de ellos pidieron prestado para comprar sus propias casas en un país donde tradicionalmente la gente había alquilado".
TORMENTA PERFECTA
"Así que muy temprano en la vida de la España democrática, tiene estas tres cosas que resultarían decisivas una vez que golpeó la tormenta financiera: un país fuertemente orientado a la construcción, poderosos e independientes gobiernos regionales y bancos locales para los que la regulación era extremadamente pobre".
En 2012, España se enfrentaba a la tormenta perfecta: sus bancos locales, sumidos en la corrupción y con enormes pérdidas; muchas de sus grandes regiones en banca rota y, con la burbuja de la vivienda realmente explotada, el desempleo masivo. Por ello, una de las mayores economías del mundo parecía que sólo podía tener una salida.
Se refiere a un rescate europeo que el Gobierno español está tratando de evitar y del que quiere, si es que tiene lugar, que no imponga condiciones similares a las que supuso para Grecia e Irlanda.
RESCATE EUROPEO
En torno a un posible rescate por parte de la UE, dice:
"En el juego del engaño y el doble farol, España al final siempre tiene una carta muy fuerte con la que jugar".
Pasa a una imagen del economista Pedro Schwartz, que dice: "O nos salvan o se hunde el euro". Ese es un chantaje muy poderoso, ¿no es cierto?
Concluye con un párrafo contundente:
Antes no se ha intentado nada como el euro. Hasta ahora, los líderes europeos han manejado el rescate de los países que fueron a la quiebra, pero eran pequeños. España es enorme. Su gente está muy enfadada y lo único seguro es que para los españoles de a pie está por llegar más sufrimiento.
Las cajas de ahorros han reducido sus plantillas en 23.450 empleados y han cerrado 4.587 oficinas desde el inicio de la crisis y ante los procesos de integración que vive el sector financiero para sanear sus balances, según datos facilitados por la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) que recoge Europa Press.
Desde el tercer trimestre de 2008, cuando el sector de las cajas alcanzó su máxima capacidad instalada, con 25.051 oficinas, el número de sucursales ha pasado a 19.330, es decir una reducción del 19,2%.
Por su parte, el número total de empleados se ha rebajado desde los 135.415 trabajadores a septiembre de 2008 a 104.504, con una disminución del 18,3% en ese periodo.
Estas cifras aumentarán con toda probabilidad tras los planes de reestructuración presentados para liberar las ayudas de 32.468 millones procedentes de Bruselas para Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc, y tras las inyecciones de 1.865 millones para BMN, Liberbank, Banco Ceiss y Caja 3.
Imposiciones de Bruselas
Las imposiciones de Bruselas sobre la reducción de tamaño de estas cajas podrían suponer hasta 5.000 despidos en Bankia, que ya ha presentado a los sindicatos un borrador de Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
El plan de reflote de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri pasa también por cerrar unas 1.100 oficinas.
Para las últimas entidades que han tenido que recurrir a la ayuda de la Comisión Europea, los sindicatos estiman que los despidos podrían afectar hasta alrededor a 5.000 empleados.
Además, Novagalicia ha planteado hasta 2.500 despidos y el cierre de 454 oficinas.
En concreto, Bruselas ha impuesto como condición a las ayudas una reducción de tamaño de más del 60% a Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia Banco hasta 2017, lo que supondrá recortar a la mitad su red de oficinas.
Para BMN, Ceiss y Liberbank, la reducción de tamaño sería del 30% de media.

Tiene aparentemente el mismo tamaño, forma y marcas que una moneda europea, pero, sin embargo, hay una sustancial diferencia: vale la décima parte de un Euro. Es el Bolívar Fuerte, una moneda venezolana que está empezando a usarse cada vez más en toda España por los más pícaros para realizar pequeños fraudes en todo tipo de tiendas
Y es que, el Bolívar Fuerte tiene todo el aspecto de un Euro de lejos, de hecho, cuenta incluso con un busto grabado en una de sus caras, aunque no es el del Rey, sino el de Simón Bolívar. Además, consta de dos principales diferencias, la primera es su tamaño, mientras que la segunda es su valor, 0,18 Euros.
Por ello, cada vez es más usada para pagar en establecimientos y lugares como autobuses, quioscos o bares, según afirma la Policía, que ha señalado además que estos pequeños fraudes se están comenzando a producir de forma masiva en nuestro país. «Normalmente me las colocan cuando me dan el dinero para un bono bus», señala la empleada de un estanco.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se lleva a cabo en España un engaño de este tipo. Concretamente, desde que hace 11 años nuestro país adoptó esta moneda se han usado como copias los 5 pesos dominicanos y los 1000 baths tailandeses.
Radiotelevisión Valenciana cerró 2011 con unas pérdidas de 171.329.970 euros -tras las de 183.762.125 en 2010-, ejercicio en que alcanza unos fondos propios negativos de 1.217 millones de euros.
Se encuentra en "una de las causas de disolución" previstas en la ley de sociedades, según destaca el informe anual del Síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana.
RTVV, con una plantilla de 956 empleados, y más de 800 contratados por obra o servicios a 31 de diciembre, tiene en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que este año supondrá la salida de 1.200 trabajadores.
El año pasado, el personal de la autonómica valenciana supuso un coste de 74 millones de euros -cuando se había presupuestado 53 millones-, mientras que a aprovisionamientos (compra de derechos, producciones de programas y series...), RTVV destinó 60,5 millones de euros, según concluye el Síndic, quien considera que ésta es una "desproporcionada relación".
A derechos deportivos nacionales, Canal 9 destinó el año pasado 14.638.970 euros -un 36% menos que el año anterior, porque ya no se dieron partidos de la Liga-, y a retransmisiones taurinas, 738.871.
Por la Champions League -el encuentro por jornada que daban las autonómicas hasta el año pasado- se pagaron 4.877.817 euros.
Entre los gastos que deja en evidencia el informe de la Sindicatura -un sonrojante repaso a todos los agujeros e incumplimiento de procedimientos en la deficitaria televisión autonómica- destaca lo que Canal 9 pagó por el subarrendamiento de la fórmula 1 a Mediapro-La Sexta.
La televisión valenciana se comprometió a abonar por las temporadas 2010 a 2013 un total de 22 millones más IVA.
En 2011, último año que ofreció el automovilismo -antes de rescindir unilateralmente lo que quedaba de contrato, las temporadas 2012 y 2013-, desembolsó 4,95 millones de euros por una emisión que ofrecía simultáneamente con La Sexta.