La «madre» del escándalo es la partida 31L: un artificio de transferencia de fondos a agencias públicas para administrarlos como subvenciones sin control
En el principio fue el sistema. El abuso y la corrupción vinieron después como consecuencia natural de un mecanismo viciado de ingeniería presupuestaria. La famosa partida 31L.: un artificio contable opaco que transfería fondos a través de agencias públicas para repartirlos de forma discrecional sin pasar por el reglamento de las subvenciones ni por el control del interventor. Ésa es la madre del escándalo de los ERE; el factor Alfa de la inmensa trama que durante diez años saqueó los presupuestos de empleo de la Junta con la colaboración de una tropa de intermediarios, conseguidores y comisionistas. Un modelo diseñado mediante una decisión institucional, política, que sólo podía tomarse en el seno del Gobierno de la autonomía. En los Gabinetes de Chaves y Griñán, el núcleo duro del hegemónico régimen socialista andaluz, sobre los que acaba de situarse esta semana el foco de la instrucción judicial del caso.
Todo lo que se ha sabido hasta ahora, el fraude de los intrusos, el desvío y blanqueo de dinero, las sobrecomisiones abusivas, el manejo irresponsable de las ayudas por atrabiliarios altos cargos de la Junta, deriva del vicio de origen de un procedimiento irregular cuya autoría y responsabilidad están por determinar en la última fase de la investigación sumarial. En su larga y paciente instrucción, la juez Mercedes Alaya ha ido de abajo hacia arriba siguiendo un esquema piramidal clásico cuyos detalles iba ordenando en su ya célebre maletita con ruedas.
En la base estaban los beneficiarios fraudulentos, los parientes sanguíneos o políticos empotrados en prejubilaciones de empresas para las que nunca habían trabajado, los sindicalistas desclasados que guardaban en zulos el dinero de las comisiones, el pintoresco capataz Guerrero que repartía subvenciones apuntadas en post-its y mandaba a su chófer a comprar cocaína en el coche oficial. En el plano intermedio se hallaban los bufetes de intermediación, las aseguradoras que firmaban las pólizas, los cuadros sindicales que señalaban empresas en crisis a cambio de porcentajes de financiación; la pista del dinero, en suma. En esos dos niveles se cometió el fraude propiamente dicho: un reparto ilegal cuantificado hasta la fecha en 143 millones de euros. Y queda el vértice, la cima de la pirámide.
El primer «paso cualitativo»
La imputación de veinte altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez Arza, es el primer «paso cualitativo» (sic) de la magistrada en la búsqueda de responsabilidades institucionales relacionadas no con el desvío de los fondos, sino con su distribución a través de un sistema refractario a la transparencia de las cuentas públicas. Es la caza mayor o la pesca de altura del sumario, la investigación del último nivel de responsabilidades políticas en el que Alaya parece perseguir, como el arponero de «Moby Dick», una pieza de gran escala. El movimiento decisivo que se puede llevar por delante, arrastrada hasta el banquillo, a una parte significativa de la nomenclatura autonómica de los últimos doce años.
Aunque el auto de imputación ofrece, según algunos juristas, un flanco débil que podría favorecer su recurso por falta de atribución de delitos concretos a los altos cargos citados por Alaya, la hierática instructora no parece dispuesta tras su prolija tarea de desbroce a dejar escapar las piezas que ya tiene en su punto de mira. Su estrategia ha consistido hasta ahora en orillar a las personalidades protegidas por fuero parlamentario para articular una investigación sólida que empaquetar, cuando llegue el momento, para enviarla a las instancias superiores a las que corresponda interrogar a los aforados.
Nadie en el entorno del caso duda, por ejemplo, que el diputado al Congreso José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando se creó la partida 31L y se firmaron los convenios de transferencias, acabará imputado al final de la instrucción. (El pasado verano, para defender la legalidad del procedimiento presupuestario, Viera declaró en comisión del Parlamento Andaluz que despachaba los detalles con Magdalena Álvarez). También probablemente su colega de Innovación Francisco Vallejo; los viceconsejeros y directores generales de ambos han sido ya citados. Los últimos testimonios prestados ante la magistrada, como el del abogado Carlos Leal, han señalado asimismo al exvicepresidente y actual diputado Gaspar Zarrías como factor político decisivo en la mediación y el desbloqueo administrativo de algunos expedientes problemáticos que se resolvían durante almuerzos con el conseguidor Juan Lanzas en la misma sede de la Presidencia autonómica. Pero sobre todo el reciente auto de la juez, el que imputa a Magdalena Álvarez como responsable inicial del mecanismo presupuestario bajo sospecha, deja escrita una enorme interrogante sobre la cabeza del hombre que le sucedió en la Consejería y prolongó año tras año las transferencias de fondos: José Antonio Griñán, el actual presidente de la Junta.
El papel de Griñán constituye desde el principio el eje de la dimensión política del caso, cuya progresión indiciaria avanza lentamente a su alrededor como un cerco cada vez más estrecho. En realidad, la base del modelo de los ERE subvencionados, con la colaboración de algunas de las aseguradoras ahora implicadas, fue ensayada a escala nacional en Renfe durante los años noventa, cuando el actual líder del PSOE andaluz era ministro de Trabajo, y replicada algo más tarde en Andalucía durante el conflicto de Cárnicas Molina.
Las agencias públicas
La variante que se introdujo a partir de los cuestionados convenios que originan la masiva imputación de altos cargos consiste en la utilización de agencias públicas -fuera del control ordinario del presupuesto- para distribuir las subvenciones. Y si el mecanismo se mantuvo y prorrogó durante diez años y hay una exconsejera de Hacienda -Álvarez- y un exconsejero de Trabajo -Antonio Fernández- imputados por su presunta responsabilidad en dos etapas diferentes, la misma lógica procesal induce a colegir que también lo acabarán siendo el antecesor del uno -Viera- y el sucesor de la otra -Griñán-. La responsabilidad del expresidente Manuel Chaves está más difusa, toda vez que se necesitaría demostrar que el mecanismo tuvo el visto bueno explícito del Gabinete de Gobierno.
El propio Griñán ha abonado la convicción de su inquietante horizonte penal al precipitar el anuncio de su retirada del poder. Lo hizo exactamente dos días antes de que Mercedes Alaya firmase el polémico auto en el que llama a declarar, al amparo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a Álvarez y otros veinte cargos públicos. En una ciudad como Sevilla y en un sistema de poder tan ramificado como el de la Junta no resulta difícil que el presidente intuyese al menos la inminencia de un movimiento procesal de enorme repercusión política. Contra el presidente de la Junta puede pesar, además, el testimonio del antiguo interventor Manuel Gómez, llamado también esta semana a declarar como imputado. Gómez declaró en el Parlamento -donde resultó, junto al director general Guerrero, el único señalado como responsable en las surrealistas conclusiones de la comisión investigadora- que envió al entonces consejero hasta 17 advertencias escritas sobre la ilegalidad del procedimiento. Griñán se ha escudado hasta ahora en la protección de su exviceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, que afirma no haberle trasladado los escritos de la intervención. Si el funcionario se ratifica con documentos ante la juez su declaración puede convertirse en una decisiva prueba de cargo.
Más material indiciario
Pero la imputación, de producirse, no será inmediata. La juez, acostumbrada a hilar fino en una investigación de extraordinaria complejidad y extensión, necesita reunir más material indiciario antes de dar un paso que supondría, automáticamente, la pérdida del sumario en favor del Tribunal Supremo. Se trata de una decisión procesal muy delicada y sensible porque si el TS archivase o devolviese la imputación dejaría a la porfiada instructora en situación más que desairada.
El caso ERE está aún lejos de sustanciarse. Todo apunta a un macrojuicio, estilo operación Malaya, con decenas de acusados, pero el núcleo político de la trama ofrece mayores dificultades de atribución de responsabilidad. La eventual imputación de parlamentarios como Viera puede dar lugar a recursos por indefensión que cuestionen la estrategia de Alaya de sortear a los aforados hasta la última fase investigadora. De lo que no cabe duda a estas alturas es de que la juez va a presentar una lista de responsables de alto nivel y de que, con más de cien imputados, la inicial teoría exculpatoria de los cuatro golfos hace tiempo que se ha desplomado bajo los escombros de la evidencias.
stagduran
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