Procesados seis mandos militares por quedarse con dinero para estudiantes
Los responsables del centro universitario recibieron regalos de los proveedores de alimentos, falsificaron cientos de albaranes, mintieron para recibir más fondos del Ministerio de Defensa y perjudicaron la Hacienda militar al no declarar ciertos ingresos, según el auto de procesamiento del pasado 29 de noviembre. El juez define la alianza entre civiles y militares como una "trama defraudatoria".
"Los sucesivos jefes de alimentación y cocina, los administradores y directores, todos ellos de la residencia, en concierto con los administradores de las empresas proveedoras de alimentos Plataforma Femas SL, Acacio SL y Hermanos Rosso han causado un perjuicio a la Hacienda Militar que alcanza la suma de 299.602 euros", detalla el auto.
Hace siete años esta residencia universitaria para hijos y nietos de militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil comenzó a reducir la calidad de los alimentos al mismo ritmo que se multiplicaban las quejas de los jóvenes universitarios. La carestía se impuso en el comedor. Para los que más se quejaron, la respuesta fue la expulsión. Pero esto no sirvió para acallar las protestas y después de una rebelión estudiantil en el verano de 2010 que culminó con más expulsiones, finalmente meses después el Ministerio de Defensa descabezó a la cúpula de la residencia y puso el caso en manos de la Justicia militar.
Ahora el juez ha procesado a los coroneles y directores de la residencia Francisco Muñoz, Sebastián Clavijo, los comandantes Antonio Palmero y José Maestre Romero, el capitán Manuel Ángel Martín, el subteniente Carlos Borromeo y los empresarios Fernando Marín y Manuel Rosso como cooperadores necesarios. El juez ha retirado los cargos contra los empresarios Manuel García y César María Rosso, por no haber elaborado los albaranes y facturas falsos.
"Pasábamos hambre y no es una manera de hablar. Llegabas al comedor, te daban dos patatas y media y cuando pedías más, te contestaban que no había dinero", relató en su día el alumno de iniciales P. G. M. que declaró como testigo ante el juzgado. Las quejas se repetían pero como no había mejora, los alumnos optaron como alternativa por comprar comida en los supermercados y consumirla en las habitaciones. "Comimos arroz en mal estado, repetíamos menús… Hacíamos las cuentas y no cuadraban. El coronel Muñoz nos repetía que los medios son los que hay", explica este estudiante. "Además de la comida, se resentía la limpieza porque de entrar todos los días en los cuartos pasaron a cada tres días y al final un día a la semana", añade. A pesar de que la calidad de la comida descendió, la cuota mensual de los alumnos aumentaba. Hasta el punto de que subió 100 euros durante un solo año. El hospedaje y alimentación de los hijos de militares rondaba los 300 euros al mes, mientras que ahora la cuota ronda los 450 euros.
El juez explica el modus operandi de los mandos militares para recibir bajo cuerda jamones y botellas de whisky y ron mientras ofrecían pésimos menús a los alumnos, que consumieron carne en mal estado según sus testimonios. "El procedimiento empleado para la defraudación ha consistido básicamente en que los proveedores de alimentos procedían a la elaboración de albaranes de entrega de alimentos no suministrados. Alimentos que ni formaban parte de los menús, ni aparecían en las hojas de pedido, ni en las hojas de recepción y que sin embargo, eran refrendados", subraya el juez.
Un "amplísimo, exhaustivo y riguroso" informe pericial de 1.600 folios realizado por un comandante interventor detalla cómo los proveedores de alimentos presentaban facturas por mercancías no suministradas, firmadas por los mandos procesados, cuyo importe cobraban luego del Ministerio de Defensa. A continuación, los proveedores "constituían un fondo, del que existe constancia documental (…) que cabe suponer era repartido por todos aquellos, civiles y militares, que participaban en la trama defraudatoria". El engaño incluía las comunicaciones al ministerio sobre desayunos, almuerzos y cenas de todos los residentes (187) "para períodos (días en Navidad y Semana Santa) en los que se sabe que no se sirvieron comidas".
Las irregularidades en los productos suministrados incluyeron cacao y palitos de cangrejo que debieron haber formado parte de los menús, pero que fueron excluidos de los contratos de suministro. Asímismo, productos básicos como el aceite se incluyeron para la contabilidad oficial como fuera de lote. Hoy los alumnos destacan la buena calidad del menú al recordar esos "días negros".
"Servían carne quemada"
Los trucos de los cocineros para enmascarar la baja calidad de la comida y repetir los menús día tras día eran bastante chapuceros. "Te servían carne que se les había quemado y luego te la ofrecían empanada para que no lo notáramos", describe la alumna Macarena Casado, que formó parte de la comisión de alimentación de la residencia para intentar dar un vuelco al descenso de la calidad de los alimentos. Todo fue en vano. "Por más que me reunía con ellos, el brigada decía que no había dinero y que en cualquier sitio con esas cuotas no tendríamos derecho a exigir", recuerda. El alumno de iniciales P. G. M. elogia el vuelco que ha sufrido el menú los últimos dos años: "Ahora, de comer porquería hemos pasado a comer solomillo, pescado y cada vez menos fritos".La mayoría de los alumnos se quejaban en sus casas, pero sus padres desconfiaban de los testimonios y pensaban que eran exageraciones. Aunque la insistencia de algunos hizo que ciertos militares elevaran quejas al Ministerio de Defensa sobre la gestión de la residencia que repercutía en sus hijos.
El mal ambiente tuvo su clímax un día de julio de 2010 después de que fueran expulsados cinco residentes. El resto de estudiantes comenzó un airado motín: llovieron platos desde las ventanas y el patio se llenó de bolsas de basura, papeleras y muebles. Una empleada del centro describió ese día como "un pueblo saqueado". A esta rebelión siguieron más expulsiones, que fueron el principio del fin para la cúpula militar. La esposa del coronel Francisco Muñoz declaró a este diario que su marido rechazaba opinar sobre su procesamiento.
El auto del juez aclara que el menoscabo de 300.000 euros a las arcas públicas no cubre ciertos meses por falta de documentación. Y censura cómo durante la instrucción, el capitán procesado cambió su firma para librarse de culpa: "Requerido para estampar seis firmas en un folio y preparar una caligráfica (...) estampa unas firmas con notables diferencias, no ya con las de los albaranes que ha reconocido unas veces sí y otras no, sino también con las plasmadas en su declaración judicial".
stagduran
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