Un empresario revela las tretas para financiar al Partido Popular
José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, sale ayer de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Ruz. / Claudio Álvarez
El empresario José María Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, división de Fomento de Construcciones y Contratas, reveló ayer ante el juez Pablo Ruz una de las fórmulas que utilizó esta sociedad para donar fondos al PP sin verse limitado por el corsé entonces de la Ley de Financiación de Partidos. El industrial reconoció que entregó 60.000 euros en 2011 a la formación conservadora a través de dos empresas filiales —Promociones Teide y BBR— que no habían sido beneficiarias de contratos con la Administración pública.
El hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja declaró durante alrededor de una hora en la Audiencia Nacional ante Ruz en relación con su presencia en los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. En el interrogatorio rechazó todos y cadas uno de los apuntes de los manuscritos del antiguo responsable de las finanzas del PP que se refieren a él, pero admitió los pagos en 2011 a la contabilidad oficial del partido mediante empresas filiales.
Según fuentes jurídicas presentes en la sala, el empresario aceptó que Participaciones Teide —una sociedad inmobiliaria— abonó 40.000 euros y BBR —dedicada a los forjados— pagó 20.000. Estas sociedades están participadas al 100% por FCC. Mayor Oreja declaró que fueron "los servicios jurídicos de la empresa" quienes le aconsejaron entregar el donativo a través de las filiales, que no tenían contratos con la Administración. FCC pensaba efectuar otro pago a través de una tercera empresa filial, Megaplasma. Al carecer de actividad la sociedad, desistieron.
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, establecía en su artículo 4 que "los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público". FCC, que obtuvo 1.615 contratos de obra por valor de 15.004 millones de euros entre 2002 y 2012, efectivamente no financió al PP de manera directa. Pero, de acuerdo con la declaración de Mayor Oreja de ayer, sí lo pudo hacer indirectamente a través de sus filiales.
No fue hasta 2012 cuando una ley orgánica llevó más lejos el texto de 2007 y extendió la prohibición de donar dinero a las sociedades filiales de empresas contratistas con la Administración. "Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones".
Con este párrafo como base, el PP afirmó mediante un comunicado oficial que "los donativos reconocidos por FCC al Partido Popular durante la declaración de hoy [por ayer] ante el juez están contemplados como donativos nominales en la contabilidad del PP de 2011 y son absolutamente legales".
Esta fue prácticamente la única concesión de los cuatro empresarios que figuran como supuestos pagadores en los papeles de Bárcenas que declararon como imputados ante el juez Ruz. Todos ellos reconocieron mantener relaciones fluidas con el PP —y también con otros partidos— pero rechazaron de forma radical los apuntes de la contabilidad opaca de Bárcenas que les afectan.
El empresario Mayor Oreja, que salió de FCC el pasado 11 de marzo, el mismo día en que la Audiencia admitió a trámite la querella sobre los manuscritos de Bárcenas, aparece en los manuscritos del extesorero como supuesto autor de dos pagos en 2008 por 165.000 euros. El empresario negó esos pagos.
Tras la declaración de Mayor Oreja, pasó a la sala de vistas Manuel Contreras Caro, presidente de la constructora sevillana Azvi. Este negó también los 13 pagos por 858.000 euros entre 2002 y 2008 que figuran en los papeles de Bárcenas. "No sé por qué estoy en la lista, aunque tengo mis sospechas, pero no puedo decirlo", afirmó, según fuentes judiciales. Contreras aseguró que no conoce a los extesoreros populares Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, aunque sí reconoció tener trato con el exsecretario general del PP Javier Arenas, "por ser de la misma tierra", Andalucía. También afirmó haber patrocinado algunos foros y actos políticos, según fuentes judiciales.
El expresidente de Sacyr Luis del Rivero no reconoció ni entregas en b ni donaciones al PP transparentes al fisco. El constructor aseguró, según fuentes presentes en el interrogatorio, no tener "ninguna explicación" sobre su presencia en los papeles de Bárcenas y anunció que "cuando se conozca el autor material y el autor intelectual" de la contabilidad, interpondrá una querella. Eso sí, confesó que como máximo dirigente de una empresa que cotizaba en el Ibex 35 con negocios en todo el mundo hablaba con ministros con frecuencia. Del Rivero relató que en un momento llegó a enfrentarse al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, porque entendía que su compañía "no tenía la obra publica que me merecía".
El ex dirigente de Sacyr afirmó, según las mismas fuentes, que "a partir de menos de tres millones de euros" no tenía "ni idea" de los contratos que celebraba su empresa.
Finalmente, el último de los comparecientes, Juan Manuel Fernández Rubio, exconsejero de Aldesa, se limitó a negar las 14 entregas por 330.000 euros que le atribuyen los papeles de Bárcenas. También afirmó que le constaban "comentarios" sobre la financiación ilegal de los partidos. Cuando el juez Ruz le pidió más explicaciones, se limitó a hablar del "3% de Cataluña" que el exlíder socialista catalán Pasqual Maragall denunció en su día como comisión de CiU por cada contrato público en 2005.
El fiscal vuelve a preguntar
F.J.P
El fiscal anticorrupción personado en los interrogatorios a los empresarios, Antonio Romeral, se defendió ayer en la sala de vistas de las acusaciones de pasividad que le lanzaron el lunes algunos abogados por no formular pregunta alguna a los industriales imputados por su aparición en los papeles de Bárcenas. Según fuentes jurídicas, Romeral señaló que si el lunes no preguntó fue porque el magistrado Pablo Ruz, que intervino en primer lugar, "había agotado" todas las cuestiones y no quería ser "redundante, como algunas de las defensas". El representante del ministerio público sí efectuó ayer, según fuentes judiciales, dos preguntas a cada uno de los cuatro industriales querellados.
El juez Ruz terminará hoy la tanda de interrogatorios a los empresarios que figuran como supuestos aportantes a los papeles de Bárcenas. El magistrado tomará declaración al presidente de Construcciones Rubau, Antonio Vilella, y al presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.
En concreto, los manuscritos atribuidos a Bárcenas señalan que el máximo responsable de Rubau donó al PP un total de 100.000 euros en 2004. La empresa obtuvo adjudicaciones de administraciones gobernadas por esta formación por valor de 144,57 millones de euros, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Crespo, por su parte, contribuyó a las finanzas 'populares' con un total de 156.263 euros, según se refleja en la supuesta contabilidad b, que le atribuye un apunte de 21 millones de pesetas en 1999 y otro de cinco millones en 2000 bajo la reseña de "copa Crespo".
stagduran
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