Así ocultó Salgado el déficit público de 2011
M. Llamas 2012-04-26
El déficit público de 2011 se ha convertido en los últimos meses en un auténtico quebradero de cabeza tanto a nivel interno como europeo. No es de extrañar si se tiene en cuenta el desvío fiscal registrado respecto al objetivo comprometido con Bruselas y la intensa polémica sobre la fiabilidad o no de los datos aportados por España. Así, mientras que el anterior Ejecutivo socialista afirmaba poco antes de las elecciones del pasado noviembre que se alcanzaría la meta del 6% del PIB, el Gobierno de Mariano Rajoy desveló un descuadre del 8,51% tras llegar al poder. Se trata, por tanto, de una diferencia de 2,5 puntos porcentuales, lo cual equivale a 27.000 millones de euros.
Tras revisar in situ las cuentas y atender a las explicaciones ofrecidas por Hacienda, Eurostat -la oficina estadística de Bruselas- ha dado por bueno esta misma semana el déficit del 8,51% anunciado por el PP, desbaratando así las acusaciones de engaño y manipulación vertidas desde las filas socialistas. De hecho, la confirmación de Eurostat implica todo lo contrario, es decir, que fue el Ejecutivo de Zapatero, y más concretamente la ex ministra de Economía Elena Salgado, quien maquilló el déficit real.
Pero entonces, el interrogante a despejar es el siguiente: ¿cómo pudieron ocultar 27.000 millones de euros? Más allá del reguero de acusaciones políticas lanzadas entre PP y PSOE, el único dato objetivo en este ámbito es el que manejan dos organismos técnicos, Eurostat y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y su análisis arroja dos conclusiones: que Salgado ocultó parte del déficit en 2011, y que el reparto del déficit entre las distintas administraciones varía de forma sustancial respecto a lo anunciado por Montoro.
Para desentrañar este nudo gordiano es preciso observar tres variables: el déficit que obra en manos de Bruselas y del IGAE, el único oficial, calculado en función de los criterios de contabilidad nacional y de Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) vigente en la UE; el déficit anunciado por Montoro; y el déficit anunciado por Salgado hasta el tercer trimestre de 2011, poco antes de abandonar el Ministerio.
El déficit real de Eurostat
El único déficit oficial, y por tanto real, es el que recoge Eurostat y el IGAE, tal y como constata la comunicación enviada por Moncloa a Bruselas el pasado 30 de marzo. Según ambos organismos, el desequilibrio fiscal en 2011 ascendió a 91.344 millones de euros, el 8,5% del PIB, pero repartido del siguiente modo:
El déficit presentado por Montoro
La primera divergencia salta a la vista. El déficit oficial, el que realmente cuenta, nada tiene que ver con el anunciado por el ministro de Hacienda a la opinión pública el pasado 27 de febrero. La cifra total es la misma, pero su reparto entre las distintas administraciones difiere de forma sustancial:
Este cuadro fue el que empleó Hacienda para denunciar el desvío de 2,5 puntos respecto al objetivo del 6% fijado por Bruselas e incumplido por el anterior Gobierno socialista. Sin embargo, Montoro se olvidó de aclarar un dato clave: estas cifras no incluyen las liquidaciones negativas del sistema de financiación territorial (CCAA y Corporaciones Locales) correspondientes al ejercicio 2009.
Y éste es, precisamente, el meollo de la cuestión respecto al déficit de 2011. ¿Qué pasó en 2009? Que el Gobierno de Zapatero elaboró unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) completamente erróneos, en base a una previsión muy inflada (irreal) de ingresos fiscales. Como resultado, transfirió a CCAA y ayuntamientos muchos más recursos de los que debía. En concreto, algo más de 23.000 millones de euros (2,1% del PIB): 18.736 millones a CCAA y 4.381 municipios.
Esos ingresos extra debían ser devueltos en 2011 al Gobierno central (liquidación negativa), tal y como establece el sistema de financiación territorial. Sin embargo, dado el agravamiento de la crisis y la falta de liquidez de los entes territoriales, CCAA y ayuntamientos presionaron al Estado para retrasar esas devoluciones. Y así fue: primero, Zapatero amplió el plazo de devolución a cinco años y, después, Rajoy lo extendió a diez tras llegar al Gobierno.
Pese a ello, al tratarse de un derecho de cobro reconocido, las normas de contabilidad nacional obligan a incluir esos 23.000 millones en la partida de ingresos del Estado correspondientes a 2011, pese a que aún no se han liquidado (el pago no se ha hecho efectivo), mientras que CCAA y CCLL lo apuntan como gasto. Todo ello afecta al reparto del déficit entre las distintas administraciones.
Aunque Montoro no explicó este punto, los PGE de 2012 sí recogen en detalle el déficit real de 2011 -el enviado a Bruselas-, "incluyendo el efecto de las liquidaciones de las AATT [Administraciones Territoriales]", tal y como muestra el siguiente gráfico.
Las liquidaciones definitivas del Sistema de financiación de las CCAA y CCLL correspondientes a los ejercicio 2008 y 2009 y practicadas en los años 2010 y 2011, respectivamente, generaron un saldo a favor del Estado, como consecuencia de que las entregas a cuenta efectuadas fueron mayores a los resultados de la liquidación correspondiente. En la contabilidad nacional, estos saldos a favor del Estado se imputan como un recurso no financiero devengado en los ejercicios de 2010 y 2011.
Fuentes de Hacienda consultadas por Libre Mercado reconocen que, efectivamente, el déficit estatal en 2011 fue del 3% del PIB, tal y como recogen Eurostat e IGAE, pero que el 5,1% anunciado por Montoro también es correcto. La divergencia se debe al efecto de las liquidaciones territoriales de 2009, "de ahí la confusión" en las cifras, añaden. Hacienda incide en que, independientemente del descuadre que presente cada administración, lo importante es que el déficit global del 8,5% no cambia, sigue siendo el mismo, tal y como constata también la IGAE.
El déficit oculto de Salgado
Pero, entonces, ¿a qué se debe la gran desviación existente entre el objetivo del 6% que preveía Salgado y el 8,5% reportado finalmente por Montoro? Esos 2,5 puntos extra derivan, en gran medida, del ocultamiento de dichas liquidaciones negativas y de una evolución de ingresos y gastos algo superior al previsto inicialmente.
Poco antes de las elecciones generales de noviembre, Salgado anunció que el déficit estatal y autonómico acumulado hasta el tercer trimestre de 2011 ascendía a un total de 49.890 millones de euros (4,61% del PIB), según el avance de ejecución presupuestaria.
Entonces, el PSOE se agarraba a esta cifra, a la que habría que añadir el desajuste a nivel local y de la Seguridad Social, para insistir en que se cumpliría con el objetivo del 6% del PIB a cierre de ejercicio. Sin embargo, estas cuentas nada tienen que ver con el déficit oficial enviado finalmente a Eurostat.
El cuadro refleja claramente que la divergencia se produce en el déficit autonómico, ya que suma 37.614 millones extra en el último trimestre de 2011. Según los datos oficiales, Salgado contabilizó como ingresos del Estado las liquidaciones negativas correspondientes a 2009 pero, por el contrario, no las apuntó a la partida de gastos de las autonomías.
Efectivamente, el Gobierno de Zapatero acordó excluir dichas liquidaciones del objetivo de estabilidad presupuestaria para las CCAA y ayuntamientos, pero sí las incluyó a nivel estatal. Dicho de otro modo, contabilizó como ingresos del Estado esos 23.000 millones de euros (2,1% del PIB) que los entes territoriales tenían que haberle abonado en 2011 (derechos reconocidos), pero no los apuntó como gastos de CCAA y ayuntamientos (obligaciones reconocidas). Así se explica el salto abismal que se produce entre el déficit acumulado hasta el tercer trimestre y el cuarto, según los técnicos de Hacienda consultados.
Si a las liquidaciones negativas no contabilizadas correctamente por Salgado (2,1% del PIB) se le suma el empeoramiento del déficit en el cuarto trimestre, se entiende esa desviación de 2,5 puntos porcentuales existente entre el déficit previsto por Salgado para 2011 (6% del PIB) y el déficit oficial remitido por Montoro a Bruselas (8,5%). Así pues, a la vista de los datos oficiales que proporcionan los organismos técnicos (Eurostat e Igae), el déficit público de 2011 se convirtió en un cúmulo de trampas contables y medias verdades por parte de los políticos.
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