Joseph Pérez aborda en un libro las razones de la tolerancia inquisitorial con la brujería y los pocos ajusticiamientos por este delito en España
«Los inquisidores consideraban la brujería propia de gente baja, preferían perseguir a la gente culta»
Las brujas españolas salieron casi indemnes de la caza desatada en Europa entre mediados del siglo XV al XVII, gracias a que la Inquisición nunca las consideró «un peligro social», según el historiador francés Joseph Pérez, autor de 'Historia de la brujería en España'. «Las mujeres sentenciadas a muerte y ejecutadas por brujas en España son relativamente pocas, no pasan de 10 o 20 como máximo en dos siglos, lo cual si lo comparamos con lo que sucede en el resto de Europa -donde fueron quemadas miles de personas- no deja de llamar la atención», explica Pérez (Laroque-d'Olmes, 1931).
Ese contraste entre lo que sucede en España y en el resto de Europa supone para los historiadores una «originalidad», subraya este hispanista miembro de la Real Academia de la Historia, condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y con la Orden de Isabel la Católica, así como con la Legión de Honor francesa. Y esa «originalidad», añade, ha llevado a algunos a calificar a los inquisidores españoles de «abogados de brujas».
El contraste es «enorme», ya que en España los inquisidores se afanan por buscar explicaciones racionales al comportamiento de las brujas, mientras que en el resto de Europa los jueces llevarían a la hoguera a miles de mujeres culpables de confesar bajo tormento ser mediadoras del diablo o participar en aquelarres, que normalmente terminaban en orgías, explica este hispanista. Las estadísticas muestran, según Pérez , que en España se juzgó a tantas brujas como en los demás países; la diferencia es que aquí las sentencias fueron por lo general benignas. Rara vez se quemaron brujas, salvo en Logroño, en 1610.
Para quien fuera director de la Casa Velázquez (1989-1996), el hecho diferenciador español hay que buscarlo en la distinta manera de enfocar el tema de la brujería y en el tipo de tribunales a los que se les encomendaba la tareas de juzgar y sentenciar a los reos. La caza de brujas comienza a finales de la Edad Media, cuando la Iglesia decide definir la brujería como herejía y maleficio, un crimen excepcional condenado con la pena de muerte en la hoguera, según recuerda Pérez en su libro, publicado por Espasa.
Este tipo de asuntos, que deben ser juzgados por tribunales eclesiásticos, como sucede en España, son tratados en los otros países europeos mayoritariamente por la justicia civil, que juzga a los detenidos como criminales, pero les condena como herejes. La Inquisición española, una institución de reciente creación por los Reyes Católicos, es la única competente en España para juzgar la herejía y, por tanto, la brujería o hechicería. Y los inquisidores españoles, según destaca Pérez, están más centrados en perseguir a judaizantes, alumbrados y luteranos, por lo que «no se toman en serio» la brujería. «A los inquisidores lo que les importaba era luchar contra la gente culta, que escribía libros, que predicaba y que tenía cierta influencia intelectual, pero ¿qué influencia ideológica puede tener una mujer analfabeta?».
Según los cálculos que maneja Pérez , en toda la historia de la Inquisición española se abrieron 44.647 procesos; de ellos, solo 3.532, o sea, el 8%, fueron por brujería, que se trataba al mismo nivel que las «palabras deshonestas», las blasfemias y delitos de poca entidad. La Inquisición, en definitiva, consideraba la brujería como «un delito propio de gente vulgar, de la gente ignorante», fruto de la superstición más que de la herejía.
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