El presidente de ATA asegura que los retrasos en el pago de las administraciones públicas han causado el cierre de una de cada cuatro empresas desaparecidas con la crisis. La Unión de Profesionales alerta de que la fiscalidad puede provocar una fuga de grandes fortunas
M. J. GIL La morosidad de las administraciones públicas ha causado el cierre de una de cada cuatro pequeñas empresas y negocios regentados por autónomos que han desaparecido en la Región, según dijo ayer en Murcia el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA),Lorenzo Amor, que intervino en una mesa redonda del congreso de la organización de técnicos de Hacienda Gestha. En toda España, Amor calcula que han cerrado unas 200.000 microempresas que no han podido soportar la deuda de las instituciones públicas. En la Región la cifra puede situarse por encima de las 5.000, teniendo en cuenta que han cerrado 10.000 empresas y más de 11.000 autónomos, según los datos de la CROEM.
Lorenzo Amor calculó que las instituciones públicas deben ya unos 34.000 millones a las empresas y se lamentó de que «los autónomos no podemos embargar a ninguna administración pública» por falta de pago.
En la mesa redonda intervino también el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores autónomos ?UPTA, Sebastián Reyna, quien dijo que «la morosidad entre las empresas se propaga por culpa de la morosidad institucional» y pidió mecanismos para que las subcontratas cobren el trabajo realizado para la Administración cuando las instituciones paguen al contratista.
En el terreno fiscal, Reyna alertó de la fuga de «ricos» que puede producirse entre las comunidades autónomas debido a las diferencias en la tributación de las grandes fortunas, tras la subida del tramo autonómico del IRPF que se ha producido en algunas autonomías socialistas, y planteó la posibilidad de recuperar el Impuesto de Patrimonio. «Me parece terrorífico que el rico de Extremadura sea diferente al rico de Cataluña», dijo Reyna.
Amor apuntó que la diferencia en la tributación entre comunidades como Madrid o Andalucía puede alcanzar los tres puntos y abogó por una armonización fiscal que evite el cambio de residencia fiscal de los grandes patrimonios. El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, destacó las dificultades para recuperar el Impuesto de Patrimonio y se inclinó por una nueva figura tributaria «que tendría que ir en línea de un impuesto para las grandes fortunas».
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