El comisario Joaquín Almunia quiere tener lista en un año la normativa europea que garantice este derecho
Las cerveceras holandesas Heineken, Grolsch y Bavaria decidieron un día que en lugar de mejorar la calidad de sus cañas y botellines, o de embarcarse en una lucha por ofrecer rebajas y descuentos, era más fácil y sustancioso para sus cuentas de beneficios pactar los precios, subirlos y sentarse a ver cómo los consumidores no tenían más remedio que rascarse el bolsillo si querían seguir bebiendo sus espumosas. Las cuatro empresas celebraron durante tres años numerosas reuniones secretas en las que acordaron que su estrategia no tendría límites y alcanzaría tanto a la cerveza que se vendía en los supermercados, como a la que se consumía en bares y restaurantes.
Esto sucedió entre los años 1996 y 1999 y cuando la Comisión Europea (CE) se enteró, multó a las tres cerveceras con 273,7 millones de euros «por la creación de un cártel en el mercado de los Países Bajos». La sanción fue impuesta en el año 2007 y al anunciarla, la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo sentirse «decepcionada» por el comportamiento de las empresas, «que sabían que esa práctica, obviamente, es ilegal». «Afortunadamente, hemos conseguido solucionar el caso», añadió Kroes, quien tras asegurarse de que la sanción entraba en las arcas de la institución europea, añadió que dejaba abierta la puerta «para que los consumidores pudieran también reclamar daños y perjuicios». «Toda persona o empresa perjudicada por estas prácticas contrarias a la competencia puede llevar el asunto ante los tribunales de los Estados miembros», aseguró. Y hasta hoy.
Los entresijos de los sistemas judiciales (más aún si afectan a más de un país), el poder de las multinacionales y la dificultad que existe a la hora de demostrar los perjuicios particulares bien porque caso por caso son reducidos, o bien porque afectan a muchas personas, hacen que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas no suelan obtener resarcimientos ante las situaciones abusivas de estas características.
«Los consumidores deben recibir compensaciones cuando sufren abusos monopolísticos de las empresas», afirmó ayer en Valladolid el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quien admitió que «las sanciones que la Comisión impone a estas empresas no llegan a reportar ningún beneficio a los que fueron directamente perjudicados». Para corregir esta situación, Almunia, está promoviendo una norma que permita a los ciudadanos recibir algún tipo de indemnización «incluso cuando no puedan acudir a los tribunales con un buen abogado».
El también vicepresidente de la CE, que participó ayer en Valladolid en una jornada sobre 'Aplicación privada del derecho de la competencia' organizada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, destacó que el mecanismo que desea implantar Bruselas debe ser diferente del que rige en Estados Unidos, donde los abusos de las grandes empresas que se denuncian ante la Justicia «terminan por enriquecer a los abogados en lugar de a las personas perjudicadas». «No vamos a adoptar el modelo de Estados Unidos porque no queremos importar sus problemas», añadió.
El comisario español espera poder presentar la normativa -que todavía está en fase de consultas- en el segundo semestre del año que viene. «Cada país tiene un sistema legal diferente, pero hay infracciones que deben tratarse por igual en toda Europa y debemos velar por los derechos de los ciudadanos particulares y de las pequeñas y medianas empresas perjudicadas, que deben cumplir unos mínimos comunes», dijo Almunia.
Cinco principios
La norma que prepara Bruselas responderá a una serie de fundamentos comunes, según detalló el político. «Apoyamos que las compensaciones deben ser efectivas y han de llegar a cualquier persona que haya resultado damnificada; convenimos en que hace falta adoptar medidas que eviten una litigiosidad excesiva; es preciso recurrir a la utilización de sistemas alternativos previos a la vía judicial; resulta necesario aplicar las sentencias colectivas en todo el territorio de la UE y, por último, el mecanismo que se ponga en marcha deberá estar dotado de financiación para garantizar el acceso equitativo a la justicia».
Tras reconocer que «la mayoría de organizaciones empresariales son, lógicamente, reticentes a la implantación de este sistema», Almunia manifestó que el acuerdo -que requiere el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo- es «necesario y posible». «La directiva resultante deberá ser de obligada transposición en todos los países», concluyó.
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