Rajoy posterga más de la mitad de las reformas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la región del pasado febrero. / CRISTÓBAL MANUEL
En Bruselas, los exámenes finales se pasan en abril. Y los Estados se presentan a dos asignaturas: presupuestos y reformas. La Comisión Europea ya ha adelantado que le vale con los recortes y subidas de impuestos que permitieron a España bajar el déficit público del 9% al 7% del PIB en 2012 —las ayudas a la banca lo elevan al 10%—, que no reclamará más ajustes presupuestarios. En las reformas, sin embargo, las cuentas no salen. El Ejecutivo de Rajoy apenas ha sacado adelante la mitad de las modificaciones asumidas en el Consejo Europeo. Y si lo que se corrigen son los deberes, más ambiciosos, que se impuso el propio Gobierno, el resultado es un suspenso: de las 72 normas que debían aprobarse antes de finales de marzo, 41 no han visto aún la luz. Algunas tan relevantes como la creación de la autoridad fiscal independiente, la ley del sector eléctrico, la regulación de los servicios profesionales o una nueva reforma de pensiones.
Las exigencias son más apremiantes desde que Bruselas otorgara, en julio pasado, un año más a España (hasta 2014) para bajar el déficit público al 3%. Pero, sobre todo, desde que se le concedió, por esas mismas fechas, un rescate europeo de hasta 100.000 millones para recapitalizar la banca en problemas. De ahí que las autoridades europeas sometan a España a una vigilancia especial, que se traduce en exámenes trimestrales, tanto a la banca, como a la política del Gobierno.
En el primer parcial, en septiembre, el Ejecutivo de Rajoy ya evidenció dificultades para sacar adelante todas las reformas comprometidas. Aun así, la Comisión Europea felicitó a Madrid porque el Gobierno español decidió ir más allá y puso sobre la mesa más cambios legales "bien enfocados, y con plazos claros", a ojos de los altos funcionarios europeos. Rajoy integró entonces la docena de normas exigida tras rescate a la banca en un paquete de medio centenar de reformas.
En diciembre, en el segundo parcial, repitió la jugada: como muestra de su "compromiso reformista" elevó a 72 los cambios estructurales que debían estar listos antes de finales de marzo. El próximo viernes, según anunció la pasada semana la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno presentará su segundo plan de reformas. Y todo apunta a que repetirá jugada, con lo que el paquete de reformas pendientes volverá a engordar.
Para reflejar que la tensión reformista no cede, tras los Consejos de Ministros se da cuenta de decretos y proyectos de ley, pero también de anuncios, tomas en consideración, estudios y anteproyectos. Es una estrategia muy similar a la que siguió el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al encarar la crisis, que le granjeó entonces vivas críticas de la oposición, con el PP al frente. Una apariencia de intensa actividad que engaña, porque en la mayoría de los casos "los plazos claros" se incumplen. A veces, porque los tiempos de consultas y tramitación parlamentaria imponen su ley, algo que el Ejecutivo no siempre ha podido sortear con su recurso (compulsivo) al decreto. Otras, son las divisiones en el seno del Gobierno las que retrasan las reformas. Y de algunas no hay ni rastro, con los ministerios incapaces de digerir este empacho legislativo.
Todo apunta a que Bruselas, más preocupada ahora en dar con la tecla adecuada para mantener la austeridad sin agravar aún más la recesión, no tendrá en cuenta el retraso en las reformas para suavizar, otra vez, el recorte del déficit a España. De otro parecer son en Washington (FMI) y Fráncfort (BCE), los otros dos vértices de la troika. "Es esencial intensificar las reformas a nivel nacional, no podemos reemplazar la inacción de los Gobiernos", insistió el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En el BCE, sobre todo, recelan de que tras haber contenido la prima de riesgo española con su promesa de intervención en caso de rescate, el Ejecutivo de Rajoy se sienta menos presionado para sacar del atolladero varias reformas que el supervisor del euro considera esenciales.
- Las cuentas pendientes del rescate. Los retrasos que hacen dudar al BCE del compromiso de Rajoy con las reformas, son los cambios normativos que se ligaron en julio al rescate de la banca y a la prórroga del ajuste del déficit público. El caso más llamativo es de la creación de una autoridad fiscal independiente, una condición a la que el Consejo Europeo dio prioridad, "para analizar, aconsejar y evaluar la política fiscal". El Gobierno no llegó a tiempo en septiembre, y como hizo con otros incumplimientos, lo reprogramó "al primer trimestre de 2013". Pero ni por esas: a principios de marzo, Saénz de Santamaría desveló que la norma está aún en fase de "borrador". Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a una posible participación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el futuro organismo, pero despejan balones fuera cuando se les pregunta por su puesta en marcha.
Casi la mitad de las condiciones impuestas a España siguen sin cumplirse, pese a haberse retrasado a finales de 2012 o a este marzo. Es el caso de la regulación para atajar el déficit de tarifa: hubo una subida de impuestos a las eléctricas, pero Industria ha admitido que es insuficiente. Tampoco hay noticias de la regulación de los servicios profesionales, más allá de un borrador.
En pensiones, sí se ha aprobado la norma que endurece el acceso a la jubilación anticipada o parcial, pero no se ha presentado al Pacto de Toledo una reforma mucho más determinante, la que pretende condicionar el importe de las pensiones a la esperanza de vida (el factor de sostenibilidad). Y de la estrategia de empleo para mayores solo se puede rescatar el decreto que penaliza la incorporación de trabajadores de más de 50 años en los ERE. Tampoco ha habido avances en la evaluación de las políticas activas de empleo, ni en la coordinación de los servicios públicos de empleo y la colaboración con agencias privadas.
La incorporación de tributos verdes también anda rezagada (se plantea ligar el impuesto de circulación a las emisiones en 2014). Y de la estrategia para prevenir la exclusión social de colectivos en riesgo de pobreza no hay ni plazo ni contenido.
- Encalladas en el Congreso. Ante los socios europeos, Rajoy no deja de esgrimir su mayoría absoluta en el Parlamento, algo que debería agilizar la aprobación de las reformas, una vez que el Gobierno da vía libre al proyecto de ley. Pero no siempre es así. En la controvertida Ley de Transparencia —España es uno de los pocos países europeos que no la ha aprobado—, el plazo de enmiendas se ha prorrogado más de una de decena de veces. Y, según anunció la vicepresidenta, aún habrá al menos otro para incluir a la Monarquía. En el caso de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es el tira y afloja entre Madrid y Bruselas (que alerta de que el proyecto recorta la independencia de reguladores y supervisores), lo que tiene bloqueada la tramitación parlamentaria. En otros casos, el proyecto no encalla en el Parlamento, sino en las conferencias autonómicas, donde las regiones (también del PP) plantean cambios en áreas de su competencia: un proceso que retrasa la reforma educativa o la regulación de la nueva cartera de servicios sanitarios.
- Segunda generación de reformas (retrasadas). El rescate a la banca ha obligado al Ministerio de Economía a una contrarreloj legislativa para cumplir con el exigente calendario que le impuso el memorando del rescate, la contrapartida. El departamento del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cumplido aquí, pero no en otros muchos ámbitos. Varias de estas normas retrasadas forman el núcleo de lo que Rajoy rebautizó como segunda generación de reformas en el último debate del estado de la Nación, que se detallarán el próximo viernes. Entre ellas, la Ley de Emprendedores, donde se incorporará la promesa de que pymes y autónomos no paguen el IVA hasta que cobren la factura. O una nueva batería de medidas para facilitar la financiación y la internacionalización de las empresas. Economía ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado (unifica las licencias empresariales en todas las comunidades), que debía haber estado aprobada a finales de 2012 pero no entrará en vigor hasta final de año.
En otras, como la Ley de Cámaras o la creación de una Agencia de Internacionalización, los proyectos van más retrasados. Y otro tanto se puede decir de normas que deben trasponer directivas europeas en el ámbito financiero.
Entre los más rezagados destacan las normas relacionadas con el turismo o con a justicia, como la Ley de Registro Civil y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
- Sector Público. El Gobierno ha presentado el anteproyecto de la reforma de la Administración Local. Una iniciativa que arrancó con ambición pero que ha quedado descafeinado. Aún así, esta medida está atrancada por las discrepancias entre los alcaldes y el Ejecutivo. Aunque su puesta en marcha estaba prevista para principios de este año, habrá que esperar a finales de 2012. Tampoco está listo el control mensual de las cuentas autonómicas.
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