¿Se van a ir de rositas los saqueadores de las Cajas de Ahorro?
Respondiendo a un clamor popular, el fiscal general del Estado ha dado instrucciones para estudiar los tipos penales en que se haya podido incurrir en las Cajas de Ahorro intervenidas y en la concesión de indemnizaciones a sus directivos.
En España existe una sobreprotección de los gestores públicos que es incompatible con una democracia seria, y el Legislativo deberá emprender las reformas que permitan distinguir nítidamente las responsabilidades políticas, que se sustancian en las urnas, de las ilegalidades que han de estar perfectamente tasadas para cargos públicos.
Habría que aprovechar la investigación impulsada por Eduardo Torres-Dulce para que los ciudadanos conozcan la naturaleza perversa y desvergonzada de los procedimientos por los que se ha llevado a la ruina a entidades centenarias y legendariamente sólidas.
Tenemos, como ciudadanos que pagan sus impuestos, derecho a saber cómo se ha procedido para vaciar las arcas, llenas con el esfuerzo de los ahorradores.
Hay que aclarar como ese dinero, que es de todos, llena el bolsillo de personajes súbita y misteriosamente enriquecidos, dueños de hípicas y de pequeños imperios inmobiliarios que pasan por ser personas sobre las que no hay indicios de corrupción, que se permiten, incluso, dar lecciones de honestidad al género humano.
El caso de Caja Castilla-La Mancha será seguramente ejemplar, y no es separable tampoco del escandaloso déficit público que afecta a esa comunidad según los últimos datos desvelados.
Torres-Dulce ha afirmado que será muy beligerante en todos los casos de corrupción, porque los ciudadanos están desprotegidos frente a las habilidades con que algunos artistas del saqueo público se han esmerado en afanar, con la increíble e hipócrita excusa de que ese dinero no era de nadie.
La Fiscalía tiene suficiente trabajo con aclarar lo que ha ocurrido, sin que sea necesario extender irresponsablemente una mala fama que nos perjudica en un momento especialmente delicado, pero debe actuar con celo y diligencia, sin olvidar, ni en este ni en otros casos, que también afecta mucho a nuestro prestigio internacional la sospecha de que la justicia se pueda aplicar en forma desigual, torticera y discriminatoria, distinguiendo arteramente entre intocables y pardillos.
No sería la primera vez en que la Fiscalía no supiera encontrar indicios en casos que claman al cielo.
El fiscal ha señalado que exigirá mayor rapidez en la respuesta a determinados tipos de procesos por parte del Banco de España, que, bajo el mandato del señor Fernández Ordóñez, parece haberse empeñado en derribar, sin dejar piedra sobre piedra, lo que parecía un sólido prestigio.
No se puede proteger la conducta criminal de unos pocos con la excusa de que se pondría en riesgo el prestigio de las instituciones, cuando ocurre precisamente lo contrario, que si las instituciones no se empeñan en aclarar cualquier sospecha que las afecte, pierden toda respetabilidad, y se consagra una equiparación demoledora entre autoridades y los delincuentes.
Las diligencias abiertas implican posibles delitos, pero además existirán, con toda seguridad, responsabilidades de otro tipo que también debieran aclararse para escarmiento general.
Hay que limpiar el pasado, para hacer más verosímil el buen funcionamiento del futuro, pero no se debe olvidar que tanta tropelía ha sido posible por la falta de transparencia y la relativa indefinición legal en la que se han llevado a cabo las fechorías.
El Gobierno Rajoy prometió modificar las leyes para impedirlo en el futuro, y no sería lógico que las urgencias económicas retrasasen por más tiempo las imprescindibles reformas legales.
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