¿Por qué no van Rato, Blesa y Olivas al Congreso a explicar la pifia de Bankia?
El Gobierno Rajoy hacía este 18 de mayo de 2012 un canto al derecho a la información de todos los ciudadanos tras aprobar el anteproyecto de Ley de Transparencia, mientras al mismo tiempo rechazaba las comparecencias en el Congreso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, de Rodrigo Rato y de su predecesor Miguel Blesa para dar explicaciones sobre la crisis de Bankia.
Que acudiera también José Luis Olivas, que tras hundir Bancaja ha contribuido a dejar Bankia como unos zorros, ni se les ha pasado por la cabeza. Y con Olivas, itra media docena de caraduras.
Porque hay mucho que explicar, incluidos el desplome del valor de Bankia en Bolsa y su repentino subidón, que han permitido a unos cuantos listos hacer una fortuna a cuenta de los incautos y de miles de familias ahorradoras.
Hacía tiempo, mucho tiempo, que una cotizada del Ibex 35 no fluctuaba (moverse de mínimos a máximos) durante una semana en un 80%. Un porcentaje propio de un 'chicharro'.
La contradicción del Gobierno en este asunto es evidente: se aprueba una norma en la que se obliga a las Administraciones Públicas a facilitar información sobre contratos, cuentas y procedimientos, pero a la vez el Gobierno veta tres comparecencias solicitadas por el PSOE para esclarecer los motivos de la nacionalización del cuarto banco del país y el coste que va a tener para las arcas públicas.
Si no se logra ser transparente en lo grande, difícilmente se será en lo pequeño porque el acceso a la información forma parte de una cultura política y de una forma de ejercer el poder que es habitual en los países nórdicos, pero que brilla por su ausencia en España, Italia y otros países latinos.
Como dice el diario 'El Mundo' en su editorial, la transparencia no se demuestra con frases grandilocuentes ni con leyes que luego no se cumplen sino que es una práctica cotidiana que se acredita con los hechos.
En ese sentido, el anteproyecto aprobado ayer sufre de una carencia esencial que hace dudar de que vaya a servir para algo: que no incluye mecanismos coercitivos ni punitivos en caso de incumplimiento de esas obligaciones de suministrar información.
La lectura literal de la reseña divulgada por el Gobierno sobre este anteproyecto suscita las ganas de aplaudir porque estamos ante la enumeración de unos bellos principios.
Pero al final todo queda en manos de la voluntad de los funcionarios, a los que se les proporciona la coartada «del perjuicio al interés público» para no proporcionar una información a los ciudadanos.
El anteproyecto establece que la Ley de Transparencia es aplicable a todas las Administraciones Publicas, al Congreso, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al sector público empresarial.
Pero hay tres importantes excepciones para las que no rige: la Casa del Rey, los partidos y los sindicatos.
Como estas tres instituciones se financian con dinero público, no se entienden las razones de por qué han sido excluidas de la obligación de la transparencia. Da la impresión de que el Gobierno quiere sobreprotegerlas.
Que la nueva norma excluya a los partidos encaja perfectamente con la negativa del Gobierno a que Rodrigo Rato comparezca en el Congreso, lo que sin duda habría sido posible si el ex presidente de Bankia fuera militante de UPyD o de Coalición Canaria.
Pero Rato fue vicepresidente y sigue siendo una referencia dentro del PP, por lo que es evidente que el Ejecutivo ha actuado en este asunto con un criterio partidista.
El principio de rendición de cuentas -o accountability en términos sajones- es esencial en cualquier democracia, por lo que Rato, Blesa y Fernández Ordóñez tendrían que comparecer en el Congreso y responder a las muchas preguntas que se formula la opinión pública. Ellos deberían ser los primeros interesados en tener esa oportunidad para explicar su actuación.
No hay democracia si el ciudadano no tiene acceso a la información que sustenta las decisiones sobre cómo se gasta el dinero público o cuál es el nivel de eficiencia de los servicios.
La transparencia no reside en crear un portal en internet, sino en esa permanente rendición de cuentas de las instituciones del Estado a los ciudadanos y en la correspondiente asunción de responsabilidades. Si no se da ni lo uno ni lo otro, el texto aprobado ayer servirá para muy poca cosa.
Sobre la primera objeción no hay demasiado que comentar: la sanidad pública, por mucho que lo repitan cuales mal instruidos papagayos nuestros políticos, no es gratuita. Su coste, soportado entre todos los contribuyentes, asciende a más de 70.000 millones de euros anuales, alrededor de 1.500 euros anuales por español (o, en una unidad familiar típica de padres con dos hijos, 6.000 euros por hogar). Predicar la gratuidad en estas condiciones no deja de ser una obscena manipulación para olvidar que el ogro filantrópico del Estado no da nada a la sociedad que previamente no le haya arrebatado: no nos regala la sanidad, sino que nos la cobra coercitivamente.
Los detractores del copago afirman que lo lógico sería racionalizar los demás gastos del Estado, de modo que se priorice lo realmente importante: sanidad y educación. Sin embargo, no queda claro por qué el gasto público en sanidad (que representa alrededor de un sexto del presupuesto total de las administraciones públicas españolas, y que inevitablemente seguirá creciendo conforme envejezca la población) resulta tan intocable, cuando tenemos que finiquitar un déficit que asciende a más de 90.000 millones de euros (algo más de un quinto del gasto total); sobre todo si, como afirman los defensores del copago, su propósito principal no es tanto recaudar como disuadir del uso abusivo y oneroso de los servicios sanitarios.
