Jiménez Losantos responde a Ussía: "Como no oye la radio, Alfonso no se entera de que ladrar no es opinar; que para mordidas, la Zarzuela"
Cualquiera diría que vuelve a la prensa española aquella época en la que los columnistas se respondían unos a otros y mantenían polémicas que podrían prolongarse durante unos días (en algunos casos duraban varias semanas). El 29 de de mayo de 2013 encontramos dos réplicas o, mejor dicho, contrarréplicas a artículos anteriores. Uno de los intercambios de artículos se produce sin salir de los límites de un diario, el ABC, y es el que mantienen Esperanza Aguirre y Alberto Recarte. El otro, sí salta de las páginas de un periódico a otro, aunque en realidad arrancó con una intervención radiofónica.
El lunes, mi viejo amigo Alfonso Ussía, tras evocar las checas del Frente Popular y los juicios sumarísimos de los vencedores de la Guerra Civil, escribía en La Razón: «En la actualidad los juzgadores son algunos medios de comunicación, las tertulias inadmisibles de determinadas cadenas de televisión y las redes sociales que se nutren de esas presumibles informaciones. Pueden estar satisfechos. No le conceden ni la presunción de inocencia. La Infanta Cristina ya ha sido condenada». De creer a Ussía, a la Infanta la han asesinado como a Muñoz Seca, su desternillante abuelo, al que nadie pilló robando. Le tranquilizo: vive.
Tras repasar algunas de las frases de Ussía, añade:
Como no oye la radio, Alfonso no se entera de que ladrar no es opinar; que, para mordidas, la Zarzuela; para jauría, la rehala cuyo aliento siente en la nuca el juez; y que las españolas, casadas o no, que están en consejos de sociedades que delinquen son tan imputadas como los españoles, mientras firmen las cuentas y no rija la sharia. Está imputada la esposa de Torres. ¿Por qué no la de Urdangarin, dueña al 50% de Aizoon? ¿Para garantizar la unidad de España?
Y concluye, incluyendo una despedida que copia la de su replicado:
Y el párrafo mejor es éste: «Doña Cristina está empeñada en no abandonar a un golfo. Es su golfo. Y ese empecinamiento la honra». No puede decirse lo mismo de ese razonamiento. Pero quedas perdonado, Alfonso.
García-Abadillo repasa varios de los párrafos propuestos por la comisión de expertos (suponemos que en censura) para la reforma del Código Penal. Cita varios que suponen fuertes recortes a la libertad de expresión en lo referido a informar sobre juicios, pero se centra en uno en concreto.
Y ahora, el párrafo más sangrante: «Si se difundiese públicamente por cualquier medio... el tribunal, de oficio o a instancias del Fiscal, podrá acordar el cese de la difusión». O sea, la censura. También incorpora eventuales responsabilidades penales para los que vulneren la prohibición.
Uno de los elementos distintivos del Estado democrático es que las prerrogativas de los poderes que lo forman no pueden cercenar los derechos de los ciudadanos.
Añade:
El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Por otro lado, el artículo 120 de la Carta Magna dice: «Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento».
El proyecto que ahora está sobre la mesa puede subvertir el espíritu de este precepto constitucional, ya que muchas actuaciones terminarán siendo a puerta cerrada o bajo requerimiento del más estricto secreto.
Teniendo en cuenta que será el Fiscal el instructor de la causa, el proyecto permitirá al Ministerio Público determinar la aplicación de la mordaza a determinados procedimientos que puedan ser considerados sensibles para el Gobierno.
Concluye:
¿Se imaginan mantener a la sociedad al margen de procesos como Gürtel o el 11-M, cuya instrucción se prolonga durante años?
Este proyecto va contra derechos fundamentales de los ciudadanos y, de ser convertido en ley, recibirá el rechazo no sólo de los medios de comunicación independientes, sino de la sociedad, que la entenderá como una ley mordaza.
Lo que le sorprende a este humilde lector de columnas es el prudente silencio que sobre este asunto están guardando muchos periodistas. Al fin y al cabo, si la ley mordaza sale ademando, más de uno podría tener serios problemas por hacer algo tan legítimo como tratar de ofrecer la mayor información posible sobre un caso de corrupción.
Pasamos ahora a ABC, donde nos encontramos la otra polémica a la que nos referíamos en el arranque de este afilando columnas. Empecemos por los antecedentes. El viernes 24 de mayo escribía
Alberto Recarte una columna titulada
Indignación en la que criticaba a Esperanza Aguirre y José María Aznar por reclamar la bajada de impuestos. Llegaba a a decir que una rebaja de la presión fiscal es contraria al liberalismo y que el único objetivo de esa propuesta era debilitar al Gobierno de Rajoy.
No ha tardado en responder el empresario y analista defensor de las políticas gubernamentales. Lo ha hecho un día después, bajo el título de
Réplica de Alberto Recarte a Aguirre. Dice de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y sobre su propuesta de bajar impuestos:
Su comportamiento es lo que en economía se denomina como de «free rider», alguien que se aprovecha del sacrificio de los demás sin pagar la parte alícuota que le correspondería.
Tras incluir largos párrafos llenos de cifras y datos para defender a Cristobal Montoro y Rajoy, vuelve a referirse a la presidenta del PP madrileño:
Creo que su gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid es impecable en lo que se refiere a mantener lo más bajo posible los impuestos; excesiva, en lo que se refiere a las inversiones y otros gastos, y aceptable en el respeto al déficit. Mi crítica no se dirigía a su gestión en Madrid, sino a sus incursiones en la política nacional.
Y hace una referencia directa a lo que ella decía de 'las hemerotecas', antes de lanzarle un reproche final:
Lo que quedará registrado en las hemerotecas será el cómo, cuando Esperanza Aguirre dejó de gobernar la Comunidad de Madrid, intentó hacer política nacional desprestigiando y minimizando los esfuerzos del gobierno de su partido para superar una situación que abocaba a España a una tragedia económica, social y política. También pudieran llegar a registrar otras actuaciones económicas de índole política no muy admirables, en las que lo fundamental no fue la doctrina liberal, sino su afán de poder.
Uno de los asuntos que merecen algunas columnas, pero no demasiadas, en esta jornada son los 'copazos' subvencionados en el Congreso. Vamos, que si inyectan más dinero público en cada 'cubata' o gin-tonic que se toma un diputado, terminaremos pagándoles para que se emborrachen. Si les dejaran, los jovencitos madrileños se irían de copas a la sede parlamentaria, les saldría más barato que el botellón.
La crisis económica ha levantado el velo de un secreto largamente oculto: el Congreso de los Diputados subvenciona parte del menú de sus señorías y, ya puestos, aligera el precio del café, las infusiones y las bebidas alcohólicas, de manera que un gin-tonic les sale a 3,45. ¿Por qué? La respuesta remite al clásico «chocolate del loro»: convertir en polémica -arguyen- un asunto menor es una actitud demagógica, porque la crisis es de tal magnitud que el dinero que la Cámara Baja dedica a rebajar el precio del café o los gin-tonic de los padres de la patria no tiene mayor trascendencia.
Concluye:
Pero el problema no está en lo que cuesta el chocolate, sino en que un loro coma chocolate. No es una cuestión de ahorro, sino de ejemplaridad democrática: que los representantes del pueblo paguen por un gin-tonic -con el dinero del pueblo- bastante menos de lo que le cuesta al pueblo es convertir al Congreso de los Diputados en una jaula dorada donde, a este paso, los loros tendrán que esconder la cabeza bajo el ala para no ser desplumados. Tiempo al tiempo.
Y sobre el mismo asunto escribe el director del diario del conde de Godó y Grande de España convertido en independentista. El artículo de
José Antich en La Vanguardia se titula
Una subvención bajo sospecha:
No se trata tan sólo de apelar al sentido común y a la situación de crisis económica de varios millones de personas, ya que muchos organismos y grandes corporaciones disponen en mayor o menor medida de centros como el del Congreso. Se trata más bien de una actitud ejemplarizante de nuestros representantes: no es lo mismo el desayuno que el almuerzo o el alcohol. "Las cosas que funcionan se mantienen", señaló ayer Posada, un criterio que, siendo válido en general, tiene que tener presente la nueva realidad, ya que si no, sería tanto como admitir que nuestros representantes se instalaran en el punto más distante del malestar social existente.
Concluye:
Desconozco si la junta de portavoces del Congreso será sensible a la nueva realidad económica y a la siempre exigible necesidad de no herir a la ciudadanía con actos desproporcionados. Pero lo inteligente sería ser más permeable a las críticas que sin duda recibirán y corregir lo que ya se ha hecho mal.
Compartiendo de crítica a Antich, a este humilde lector de columnas se le plantea la duda de si también criticará que la Generalitat otorgue a su periódico y otros medios de su grupo de comunicación generosas ayudas públicas mientras se hacen recortes en sanidad o educación. ¿Son eso subvenciones bajo sospecha?
Cerramos con
Alfonso Ussía, que en este caso no escribe sobre Jiménez Losantos. Bajo el título de
¡Qué cosas! comenta las memorias de Alfonso Guerra y lo que cuenta de Garzón (eso de que cobró en negro cuando fue candidato en las listas socialistas por Madrid).
Alfonso Guerra nos ofrece una versión tremenda del gran ideólogo de Llamazares y juez condenado por prevaricador. Garzón, con anterioridad a las elecciones, planteó a la dirección del PSOE un «problema operativo». Y Guerra lo narra así: «Como juez debía abandonar unos meses antes de las elecciones el cargo, por lo que dejaría de recibir su estipendio. Me lo consultaron y contesté que sin duda el partido sería solidario, abonándole las cantidades hasta ser proclamado diputado, pero que lo haríamos en A, es decir, de manera legal y con firma del recibo por la cantida real. No aceptó. ''Pues entonces no hay pago'', fue mi respuesta. Parece que acudió a otra institución, esta vez con éxito». ¡Qué cosas!
Concluye:
No me parece bonito que un juez solicite ser remunerado con dinero negro. Para Guerra, alguien de otra institución se hizo cargo de la trampa. Lástima no saber de qué institución se trata, pero no creo que fuera de la iniciativa privada, y menos aún, relacionada con el Partido Popular. No puedo afirmarlo, pero podría sonarme la UGT o una asociación de monteros de la provincia de Jaén. También algún constructor beneficiado por los socialistas o algo por el estilo. Lo que deja muy claro Alfonso Guerra es que Garzón, desde que abandonó el Juzgado de la Audiencia Nacional hasta que fue proclamado diputado del Congreso por Madrid, estuvo cobrando y viviendo de una encantadora caja B. Y mis corvas no lo han aguantado. ¡Qué cosas!
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