¿Es España un país de caraduras, mangantes y corruptos?
Este 10 de junio de 2013 saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce empresarios por blanquear dinero en Suiza.
El pasado jueves 6 de junio le tocó a la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank of Florida.
15 días atrás los protagonistas fueron los ERE de Andalucía: la juez Alaya encarcela a cuatro detenidos, entre ellos el sindicalista de UGT Juan Lanzas, por cobro de comisiones...
Según los cálculos de '
El Economista', actualmente se contabilizan en nuestro país alrededor de 300 imputados por casos de corrupción, en todas las comunidades autónomas.
La malversación de caudales públicos, el blanqueo de capitales y el desvío de fondos de todos estos casos suman ya una cantidad que se acerca a los 1.200 millones de euros.
Tan sólo el caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto de un fondo de reptiles de una cantidad que podría rondar los 712 millones de euros en la última década, pero es que la cifra global podría ser aún mayor porque no incluye ni las supuestas comisiones del 3 por ciento o más que habría cobrado en Cataluña CiU al frente de la Generalitat por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, en Marbella, muy difíciles de cuantificar.
Las investigaciones en marcha y los informes policiales apuntan que una gran parte del dinero salido de la corrupción podría haber acabado en Suiza.
Es el caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP; de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueño del grupo Viajes Marsans o de la familia Ruiz-Mateos; del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y posiblemente también de la familia Pujol y de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.
La corrupción salpica a todos los partidos y en todos los ámbitos de la administración. La mayor parte se queda en el ámbito municipal, pero hay también escándalos como el del caso Nóos, el caso Gürtel y los supuestos sobresueldos en el PP, el de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía o la presunta financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música que amenazan incluso los propios cimientos del sistema.
144 investigaciones
En conjunto, y de acuerdo con los cálculos y estimaciones realizados por este periódico, la lista la encabeza el Partido Popular, con un total de 144 casos bajo investigación judicial desde que empezó la crisis.
Pero tampoco el PSOE se queda atrás, con otros 112 más y subiendo, pese a haber perdido una gran cuota de poder, en el mapa de la corrupción.
Algo ya más alejados aparecen CiU e Izquierda Unida, con diez casos más cada uno; el PNV con siete; y Coalición Canaria y Unió Mallorquina con otros seis también cada uno de ellos.
Por comunidades autónomas, la región más afectada por las corruptelas políticas, con gran diferencia sobre las demás, es Andalucía.
Acapara 89 casos, lo que supone casi un tercio del total. Especialmente señaladas aparecen también Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares.
Gao Ping y las primas del Rey
La última imputación salpicó ayer, de nuevo, a la Casa Real. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer lunes y hasta el próximo 17 de junio a doce empresarios y tres primas lejanas del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de esta última, María Ilia García de Sáez.
Nuevos datos de Urdangarin
En el caso Urdangarin, la investigación que más ha sacudido a la sociedad española desde el pasado año, ayer se conoció -según publicaba el diario El País- que el duque de Palma ordenó falsear facturas para cobrar hasta 240.000 euros al Gobierno de la Comunidad Valenciana.
El dato lo dio ayer al juez Castro -que instruye el caso- el publicista valenciano Miguel Zorío, dueño de Lobby de Comunicación, e imputado en el caso Nóos.
Zorío afirmó que desde el Instituto Nóos -el duque de Palma, concretamente- se le hizo modificar el concepto de las facturas presentadas a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps una vez que se rechazara una partida.
El convenio de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 euros, pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos 2 millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.
El empresario Zorío, que mantuvo intensas relaciones y negocios con el Instituto Nóos, modificó las facturas de asesoría para el proyecto no realizado de los Juegos Europeos, unos trabajos que no se habían realizado, según la acusación.
Zorío detalló que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, con un compromiso de cobro de dos millones de euros en cuatro aportaciones.
También en este caso, ayer la agencia Europa Press informó que el empresario Álex Sánchez Mollinger, que fue interrogado como testigo por el juez Castro, reveló que tanto él como el Duque de Palma cobraron unos 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por cada reunión que mantuvieron -tres en total- para buscar patrocinadores al equipo valencianista.
Hay que recordar que Iñaki Urdangarin también percibió unos 600.000 euros de otro club, el Villarreal CF, por un informe dirigido a buscar un patrocinador para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como puso de manifiesto en su día el presidente del club recién ascendido a Primera División, Fernando Roig.
Blesa y los 100 millones
La entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la semana pasada, es otra vuelta de tuerca.
El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid Elpidio José Silva acordó la prisión incondicional sin fianza de Blesa en la causa en la que investiga la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) por parte de Caja Madrid en 2008.
Se trata de la segunda vez que el expresidente de Caja Madrid ingresaba en prisión, ya que fue encarcelado por esta misma causa el pasado 16 de mayo, aunque el juez le fijó en esa ocasión una fianza de 2,5 millones de euros, que el banquero abonó al día siguiente.
El ingreso en prisión bajo fianza de Miguel Blesa supuso un hito en el desarrollo de la crisis financiera y el primero desde la entrada de Mario Conde por el caso Banesto.
Desde entonces, en nuestro país, a diferencia de otros como Reino Unido o Islandia, ningún banquero ha sido condenado a la cárcel por su gestión al frente de una entidad que ha tenido que ser rescatada con cuantiosas ayudas.
De todas formas, los tribunales investigan a día de hoy a cerca de un centenar de banqueros (90) por su responsabilidad al frente de las antiguas cajas de ahorros.
