La edad perdida de la sanidad pública
Luis Ruiz del Árbol pasea por los pasillos del hospital Ramón y Cajal de Madrid por última vez. Algún compañero se para y le da la mano. No le dice mucho más. Sabe que él está entre los cerca de 500 médicos de más de 65 años que el pasado 30 de abril, vísperas de un largo puente en la capital, recibieron una fría carta de despido de la Comunidad de Madrid. De algunas paredes cuelga la
carta al director de EL PAÍS en la que 29 miembros del servicio de digestivo agradecen a Ruiz del Árbol y a otros cuatro despedidos su dedicación durante más de 36 años. "La sanidad pública no me ha dado ni las gracias y esgrime razones falsas para no dejarme seguir", explica este reputado hepatólogo experto en cirrosis al que la Comunidad le había dado hace meses una prórroga para ejercer su profesión cinco años más, hasta los 70.
Trajeado, con gafas y maletín negro, Ruiz del Árbol devuelve el golpe con contundencia. "En un año el servicio ha perdido el 30% del personal". "No les preocupa el paciente, sino un supuesto ahorro que no será tal", explica en un despacho en la planta décima del enorme monstruo del norte de la ciudad, que atiende a una población de 600.000 personas. Este médico, de uno de los servicios preferidos por los primeros alumnos del MIR, y con publicaciones en revistas científicas de prestigio, deja un ensayo clínico a medias. En la conversación refleja cierta amargura. Hay quien se va con la impresión de que la sanidad pública —en Madrid y en la mayoría de las comunidades— cierra los mejores 30 años de vida.
Ruiz del Árbol es solo un ejemplo de algo que desde hace algunos años ocurre en toda España. Las comunidades —Asturias, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía...— decidieron que para rebajar sus presupuestos sanitarios dejarían de prorrogar la estancia de los médicos más allá de los 65 años, como lo venían haciendo. Aunque solo Madrid lo ha hecho de golpe, en un día, sin preaviso ni planificación y descabezando servicios.
Solo el 10% de las plazas se reponen, por lo que la sanidad pública ha perdido a cientos y cientos de médicos, muchos de ellos jefes de servicio y de sección, en buenas facultades físicas y deseando seguir. Entre ellos, seguro que hay facultativos prescindibles, pero también eminencias, referentes en su campo, los cirujanos a los que recurren sus compañeros cuando tienen un problema. Ahora pasan a cobrar una pensión del Estado y, en el mejor de los casos para ellos, a compaginarlo con la sanidad privada, la gran beneficiada de esta descapitalización, según la mayoría de las fuentes consultadas.
La Comunidad de Madrid, inmersa en el mayor plan de privatización sanitaria de España —la gestión de seis hospitales y un número aún indeterminado de centros de salud pasará a manos de empresas—, y en el movimiento de protesta del sector sanitario más unánime hasta ahora, justifica la decisión en el ahorro. Prescindir de las nóminas de estos profesionales supone dejar de gastar 60 millones anuales; 40 este año, según sus datos. El presupuesto anual para sanidad ronda los 7.100 millones. Los médicos que trabajan en el sistema público son unos 17.000.
Está por ver cómo afectará esta marcha masiva, ya que la consejería no facilita datos desglosados por hospitales ni especialidades. Las cifras de jubilados que da la Comunidad bailan. Primero afirmó que dejaban el sistema 455. Luego, en una entrevista en Abc con el consejero, el número era 426. Y después, el responsable precisó que los forzosos eran 367, a la espera de revisar la documentación de otros 41 y sumando 132 mayores de 65 que no habían hecho la solicitud formal para seguir. El Colegio de Médicos eleva la cifra hasta unos 700.
El presidente regional, Ignacio González, del PP, se ha defendido de las críticas de que el despido ha sido frío. "Comprendo que el lenguaje administrativo y las resoluciones no introducen esos elementos" cercanos, dijo. Pero "hay mucha gente que se jubila todos los días en la Administración" y con todas ellas se dan "comunicaciones formales", declaró a Telecinco. "Lamento profundamente si ha habido médicos ofendidos", aseguró el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que también insistió en que se trata de "una resolución administrativa y no puede ser otra cosa". La jubilación masiva de médicos se suma al incendio sanitario que desde octubre consume al PP madrileño. Ninguna organización sanitaria —Colegio de Médicos, sociedades científicas, plataformas de profesionales— apoya sus planes. Una consulta popular sobre la privatización auspiciada por más de 70 entidades de la marea blanca ha recogido más de 900.000 votos en cinco días.
El hospital Niño Jesús, centro pediátrico de referencia nacional, ha jubilado a su único nefrólogo, José Luis Écija. "Tenía niños programados, así que las consultas las pasan pediatras sin especiales conocimientos de nefrología", explica un MIR del centro, que prefiere no ser identificado: "Una derivada de esto es que nosotros, los residentes, tenemos que rotar un mes en el servicio de nefrología; y sin nefrólogo, no hay rotación".
Otro hospital, el Santa Cristina, en la capital, acaba de quedarse sin sus dos únicos endocrinos. Lola Cobeña, madre de una paciente, escribió a EL PAÍS para denunciar que había recibido una llamada del hospital con el aviso de que no le podían mantener la cita por la jubilación "de un día para otro" de su médico y del otro especialista que había. "Han echado a cinco de 11", resume Antonio Gómez Pan, al que le quedan días como jefe de servicio de Endocrinología de La Princesa, del que depende el Santa Cristina: "La verdad es que estoy muy contento de irme de este barco. No se imagina la catástrofe que va a ocurrir aquí, en solo dos o tres meses. Mi servicio se queda amputado".
La consejería asegura que "todos los pacientes seguirán siendo bien atendidos". "Se ha contratado a un nuevo endocrino en Santa Cristina que asume las funciones", según un portavoz.
"En realidad, esto es un ERE encubierto", opina Eduardo Lobo, jefe de servicio de Cirugía del Ramón y Cajal y responsable del plan estratégico de cirugía general y del aparato digestivo de la Comunidad de Madrid, que sigue en el cargo. Nueve de los cirujanos de su equipo con más de 65 años solicitaron seguir otro año. A seis se lo denegaron. "No se verán afectados ni la patología urgente ni los pacientes ingresados", asegura. "Pero es evidente que va a aumentar tremendamente la demora para las consultas y las listas de espera quirúrgicas. Se van a disparar".
Al recibir la carta, muchos médicos decidieron tomarse los días de vacaciones pendientes hasta el 15 de mayo, cuando empieza formalmente la jubilación. Francisco Javier Cerdán es de los que optó por seguir ejerciendo. "Voy a seguir operando hasta el último día. No me van a quitar ese gusto. Tengo pacientes y no les puedo dejar. A los que me queden pendientes les escribiré una carta". Hace un par de horas ha terminado una operación a la madre de un colega. "¿Tengo aspecto de jubilado?", ironiza este jefe de sección de Cirugía al presentarse en los pasillos del hospital Clínico. No lo parece. Con su bata blanca sobre el pijama verde es un médico más. Tiene 65 años: "La cirugía la aprendes con los años y yo ahora siento que estoy en mi mejor momento, capaz de transmitir lo que sé a otros colegas". Fuentes del Clínico cuentan que los pacientes con cáncer de colon o recto querían que les operara Cerdán. Él explica que lleva la dirección de 10 tesis doctorales con las que no sabe qué pasará.
Los criterios de selección en Madrid no son públicos. La consejería no explica cuál ha sido el baremo para decidir el 30% de médicos como máximo que sí se quedarán pese a superar los 65 años. Los facultativos tuvieron que presentar una memoria que recogiera su trayectoria profesional, su actividad en el último año y un proyecto con sus planes para los siguientes 12 meses. No hay puntuación que permita comparar y los médicos no saben quién ha evaluado qué. Esto ha generado sospechas de favoritismo y amiguismo. De que los jefes de servicio o los gerentes han elegido a sus amigos, a menudo, a los menos problemáticos o significados políticamente.
Entre los jubilados cunde también la impresión de que el apoyo masivo en los hospitales a la marea blanca de protesta contra la privatización ha señalado más a unos que a otros. Varios médicos recuerdan que Antonio Burgueño, director general de Hospitales, supera los 70 años.
Javier Martínez Salmeán, jefe de servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés desde 1986, es de los jubilados a la fuerza. Cree que su salida no es algo personal contra él, pese a que está considerado como próximo al PSOE, asesoró en la reforma legal del aborto de Zapatero y fue de los primeros en practicar interrupciones del embarazo en la sanidad pública. Sí opina que la selección se ha cebado con el Severo Ochoa, un hospital que se rebeló contra la Comunidad cuando acusó a Luis Montes de sedaciones ilegales: "Aquí no ha habido renovaciones. Es un hospital muy castigado".
Otras comunidades llevan meses aplicando esta política en forma de goteo. Murcia ha jubilado forzosamente a 400 médicos durante los últimos dos años, según los cálculos de la presidenta del Colegio de Médicos, Isabel Montoya. "Del principal hospital, el Virgen de la Arrixaca, han jubilado a ocho jefes de servicio y a 28 jefes de sección. Han descabezado la organización de líderes clínicos y de conocimiento", critica.
Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, conoce bien el caso de Murcia, donde ejerce. "La gran beneficiada es la sanidad privada, que podrá contratar a precios razonables a médicos formados". Añade que en Madrid tendrán más trabajo las privadas que operan los excedentes de la lista de espera, algo con lo que coinciden otros consultados. Miralles matiza el ahorro que supondrá para el ciudadano. "Con las jubilaciones, la comunidad autónoma hace caja, pero se lo carga al Gobierno, que es quien se encarga de las pensiones. El ahorro para el contribuyente es mucho menor".
Su idea es que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asfixia a las autonomías con sus objetivos de déficit, estas se la devuelven con cientos de médicos con derecho a la pensión máxima que sobrecargan el sistema de pensiones y que contradicen las tesis del Gobierno del PP y de la Comisión Europea de que hay que alargar la edad de jubilación.
Un asesor fiscal especialista en medicina que pide no ser citado ha trabajado para muchos de estos jubilados: "Por edad y categoría, la mayoría se va con la pensión máxima, 2.500 euros al mes en 14 pagas. Si quieren trabajar en la privada deben renunciar al 50% de la pensión, pero hay quien crea una sociedad con familiares que facture a la clínica privada. Así mantienen la pensión íntegra, siempre que no haya una inspección de trabajo". Su conclusión es que los médicos conocidos y buenos pasarán a ganar más dinero. El sueldo medio bruto de los jubilados forzosos es de 85.000 euros, según el ahorro estimado por la Comunidad de Madrid, a lo que habría que restarle lo que retorna al Estado en impuestos y cotizaciones. El gasto en pensiones será de unos 35.000 euros por médico.
Las formas han dolido más a muchos jubilados forzosos que el hecho de tener que replantearse su futuro en apenas 15 días.
"Más que el hecho de que no me renueven, temo por el futuro de la sanidad", asegura Manuel Gutiérrez, neuropatólogo y jefe de sección del Hospital de La Paz especializado en tumores cerebrales. "Mi adjunta se jubiló el 16 de febrero, así que pensé que tenía posibilidades de seguir. Dije en mi solicitud de prórroga que no había nadie más en este laboratorio que pudiera hacer lo que yo hago, pero no fue suficiente. Han usado argumentos falsos para denegar la continuidad. Este campo se queda absolutamente huérfano", lamenta.
Víctor Gutiérrez Millet, nefrólogo del Hospital 12 de Octubre, está convencido de que nadie ha leído siquiera las memorias que presentaron. "La carta es de una crueldad increíble, sin una palabra de agradecimiento tras 40 años de servicio", añade. Los textos con los que se anuncia el final de carreras de décadas en la sanidad pública emplean las mismas frases y párrafos prácticamente idénticos. Repiten, por ejemplo, que los servicios que dejan los jubilados tienen suficiente dotación. "Eso es una falsedad", insiste Gutiérrez Millet. De su servicio se va también María Teresa Ortuño, que denuncia la "falta de respeto absoluta" con la que les han tratado. Luis Miguel Ruilope, referente mundial en el estudio de la hipertensión, es el tercero. Deja a medias un proyecto financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) del Gobierno.
Buena parte de los jubilados forzosos consultados aseguran que recurrirán la decisión. "Yo tengo una prórroga firmada que se han saltado a la torera", se queja José Roldán, jefe de sección de Radiología de urgencias del 12 de Octubre. Solo en este hospital se van 150 profesionales, según fuentes del centro. La anterior normativa permitía prorrogar un máximo de cinco años, hasta los 70, a casi todos los facultativos que lo solicitaban, siempre que pasaran un examen físico y psicológico.
El presidente madrileño, Ignacio González, anunció en octubre pasado —junto con el euro por receta y la privatización de hospitales— su intención de jubilar a los médicos mayores de 65 años. Hace unas semanas se publicó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que le da forma. "No pueden cambiar la ley con efecto retroactivo", exclama Rufino Paz, internista del hospital de Getafe de 68 años que asegura tener intacta la motivación de los 30. "Había médicos que tenían la prolongación y no daban ni golpe, todos lo sabemos, pero no es mi caso, ni el de otros muchos", asegura. Los recursos no son sencillos. El Tribunal Constitucional ha avalado esta semana la jubilación forzosa de un médico del Instituto Catalán de la Salud. Las autonomías pueden decidir si prorrogan la vida laboral y hasta cuándo, según el auto.
José Luis Larrea, cirujano cardiaco de La Paz, relata que cumplió los 65 el 5 de mayo: "Les faltó tiempo para llamarme, como si tuvieran prisa por echarme tras 38 años dedicados en exclusiva a la sanidad pública". Asegura que deja un ensayo de investigación con células madre y está convencido de que nadie se ha leído la documentación que presentó.
Vicente Silvestre, cirujano general y del aparato digestivo del hospital de Móstoles, califica de "difamación" el contenido de la carta de Sanidad. Con Silvestre se va un cirujano que en los últimos 15 años ha operado a unos 400 pacientes con obesidad mórbida y que, afirma, era el único que realizaba esta técnica en el centro: "Hay otros 100 en lista de espera y no sé quién los va a intervenir. Acabarán derivados a los hospitales privatizados. Porque a mí no me va a sustituir nadie".
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