Unas cartas enviadas por el entonces cardenal Ratzinger prueban que ya en aquella época criticaba que algunos obispos concediesen dispensas para evitar el procesamiento de los pederastas
Tras cartas inéditas de 1988 del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, al presidente de la Comisión Pontificia para la interpretación del Derecho Canónico, cardenal José Rosalio Castillo, pidiéndole una revisión más restrictiva de las garantías procesales en casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, prueban que ya en aquella época Benedicto XVI tenía serias intenciones de que la Iglesia hiciera frente a este grave problema.
En las misivas, publicadas por el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, el español Juan Ignacio Arrieta, en la edición de hoy del diario vaticano «L'Osservatore Romano», Ratzinger se quejaba de que a su dicasterio habían llegado peticiones de dispensa por parte de los obispos para sus sacerdotes «que durante su ministerio sacerdotal habían tenido graves y escandalosos comportamientos, para los cuales el Código de Derecho Canónico preveía penas más precisas, entre ellas la reducción al estado laical». Ante esta situación, el cardenal solicitaba que los «procesos fueran más rápidos y simplificados».
Modificar el Código de Derecho Canónico
El secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos ha hecho público el contenido de estas cartas para anunciar que su dicasterio prepara un borrador para modificar una parte del Código de Derecho Canónico, para endurecer las penas y aplicarlas de manera más rápida a los clérigos que cometen delitos más graves, entre ellos los abusos sexuales a menores.
Arrieta precisa en el diario vaticano que su dicasterio enviará en las próximas semanas a sus miembros y consultores un borrador con las propuestas para reformar concretamente el libro VI del Código de Derecho Canónico, titulado «De las sanciones en la Iglesia».
Desde hace dos años, precisa, una comisión de expertos penalistas ha estado estudiando el texto promulgado en 1983, con el objetivo, entre otras, de modificar «con decisión» algunas medidas «que se han revelado poco acertadas».
El pasado mes de julio, el Vaticano presentó una revisión del documento «De Delicta Graviora», de 2001, anexo al motu proprio «Sacramentorum santictatis tutela», de Juan Pablo II, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, entre ellos, los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Entre las nuevas normas aprobadas destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.
El propio Benedicto XVI reconoce en libro-entrevista «Luz del Mundo», del periodista alemán Peter Seewald, que «el asunto no llegó a mí de forma totalmente inesperada. Ya en la Congregación para la Doctrina de la Fe había tenido que ocuparme de los casos de Estados Unidos; también había visto surgir la situación en Irlanda. Pero, a pesar de todo ello, en esta magnitud fue igualmente un shock inaudito». Ya en octubre de 2006, antes de que estallara el escándalo, «había exigido en mi discurso a los obispos de Irlanda sacar a la luz la verdad,hacer todo lo necesario para que no se repitan los crímenes tan tremendos, garantizar que se respeten los principios del derecho y la justicia y, sobre todo, curar a las víctimas».
