Abogados involucrados en el arreglo por 77 millones de dólares entre la Diócesis Católica de Wilmington, Delaware, y casi 150 víctimas de presuntos abusos sexuales dijeron el jueves que el acuerdo de la Iglesia para revelar documentos inéditos constituye un paso histórico a fin de garantizar que una situación similar no se repita.
Y los abogados de las presuntas víctimas advirtieron que publicarán los documentos en la internet.
"Cuando la gente vea los documentos podrán juzgar por ella misma", sobre la forma en la que la Iglesia manejó el asunto de los sacerdotes pederastas, dijo el abogado John Manly.
La diócesis llegó el miércoles a los acuerdos sobre las demandas, que señalaban presuntos abusos cometidos por decenas de sacerdotes diocesanos y de congregaciones, que se remontan hasta 1960. El abogado Thomas Neuberger, que representó a 99 de las 146 presuntas víctimas dijo que cada una recibirá en promedio 530.000 dólares.
El abogado de la diócesis Anthony Flynn dijo que las autoridades religiosas estaban conformes con el acuerdo.
"Ha sido una larga batalla, pero definitivamente logramos un acuerdo", dijo.
Las autoridades de Delaware marcaron un plazo de dos años que permitía que las acusaciones de abuso se presentaran sin importar si éstas hubiesen expirado.
Los casos de abusos llevaron a la diócesis a declararse en bancarrota en 2009. En ese entonces se convirtió en la séptima diócesis en declararse en quiebra desde que surgieron las acusaciones por abusos en la Iglesia Católica de Boston. Tras el surgimiento de la denuncia se han logrado numerosos acuerdos económicos por cifras millonarias.
La diócesis de Wilmington incluye a Delaware y la costa este de Maryland. Cuenta con 230.000 feligreses.
Las presuntas víctimas también podrán beneficiarse de cualquier acuerdo que se logre en el futuro o de los juicios por las demandas presentadas contra las órdenes religiosas de los oblatos, capuchinos y norbertinos, dijo Neuberger al diario Wilmington News Journal.
Neuberger espera que esto aporte otros 80 millones de dólares al fondo común para las víctimas.
El acuerdo necesita la aprobación de un juez de bancarrotas.
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