Rajoy abre otra reforma de pensiones
El Gobierno plantea así una nueva reforma, aunque aún no está claro su contenido y alcance, cuando está entrando en vigor la última, que generó un intenso debate social —con el rechazo del PP—, aunque finalmente se alcanzó un pacto entre el Gobierno, patronal y sindicatos. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó ayer, de forma imprevista, un decreto ley que suspende la aplicación de la reforma de Zapatero en lo que se refiere a jubilación anticipada y parcial, dos asuntos clave. De momento, sigue en vigor la ley anterior en este aspecto, aunque el resto de la reforma, sobre todo la parte que amplía gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años y los años para el cómputo de la pensión de 15 a 25 sí entra en vigor, con un decreto que también se aprobó ayer.
Los artículos suspendidos en la ley de reforma de pensiones que entra en vigor el martes establecen la edad mínima de 61 años para las jubilaciones anticipadas forzosas y los 63 para las voluntarias. El Gobierno propuso en noviembre que esos mínimos se ampliaran a 63 y 65 años, respectivamente. Empleo aclaró ayer que está dispuesto a que esos cambios se realicen de manera progresiva. Hasta que haya un acuerdo, se aplican las condiciones actuales, es decir, como norma general puede acceder a una jubilación anticipada un trabajador con 30 años cotizados que lleve seis meses en el paro.
Este retraso de tres meses en la aplicación de la reforma de Zapatero tiene una explicación política. El Gobierno se da ese plazo para buscar un pacto especialmente con el PSOE, pero también con los sindicatos. Sin embargo, no parece fácil, ya que las centrales no quieren, como pretende el Ejecutivo, eliminar prácticamente la posibilidad de las jubilaciones anticipadas, algo básico en las negociaciones de los despidos en las grandes empresas. Y el PSOE, según explicó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no pactará nada que no tenga el acuerdo de los sindicatos.
Si ese pacto no llega, explicaron fuentes del Ejecutivo tras la rueda de prensa de Rajoy, el Gobierno legislará y planteará su propia reforma sobre las pensiones a través de un decreto ley, algo que está ya encima de la mesa del presidente del Gobierno. Tanto, que se discutió esta misma semana en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, en la que se decidió elaborar el decreto que desarrolla la reforma de Zapatero. En principio, lo que tiene más trabajado el Ejecutivo es esta parte de las jubilaciones anticipadas y las parciales, para endurecerlas muchísimo —"si en tres meses no hay acuerdo, tenemos el compromiso con el Consejo Europeo de adoptar decisiones en materia de jubilaciones anticipadas y parciales", aseguraron fuentes de Empleo—, pero la forma en la que planteó ayer Rajoy ese "debate" abre la posibilidad de que los retoques sean más de fondo.
El Gobierno tiene mucha presión empresarial y europea para que adelante la entrada en vigor de los 67 años, que la ley de Zapatero fija en 2027. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y otros miembros del Ejecutivo se resisten a esa decisión, que supondría una nueva guerra abierta con los sindicatos. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo, como Luis de Guindos, son más favorables, y en la Unión Europea lo verían con buenos ojos.
El debate interno está abierto y Rajoy se da un poco más de tiempo, tres meses, para resolver esas dudas. Lo que sí dejó claro el presidente es que en cualquier caso no se está planteando elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Pero dibujó un panorama muy complicado del sistema de pensiones, utilizando en todo momento la palabra "sostenibilidad", dando a entender que la situación actual no es sostenible.
"Hay 17 millones de personas en la Seguridad Social que están pagando las pensiones de nueve millones de personas. Lo que queremos es que no se jubilen a los 54, a los 58, a los 60 o a los 62. Lo necesitamos y es lo justo", aseguró el presidente.
Poco después insistió aún con más claridad, reforzando esa idea de la reforma. "Queremos abrir un debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Este es un tema vital porque suponen más del 25% del gasto total del Estado. En 2009 y 2010, solo el 50% de las personas que se jubilaron tenían 65 años. Hemos hecho una propuesta, que está en el Pacto de Toledo, y a partir de ahí abriremos el debate sobre la sostenibilidad". En cualquier caso, aclaró que intentará ser suave. "Si una hay prioridad básica para mí, ya lo he dicho, son los pensionistas, porque son las personas que tienen menos posibilidad de defenderse. Por eso, aunque no hemos regularizado las pensiones este año, hemos subido el 2% al 67% de los pensionistas, que están por debajo de 1.000 euros. Es la única partida que sube", remató.
